La jueza Bolaños comunica al TSJA que no quiere a Alaya como instructora de los ERE

Con su escrito Bolaños manifiesta a las claras la dificultad de entendimiento con Alaya y que no la quiere a su lado para investigar los famosos sumarios de corrupción. Sube con ello un grado más la temperatura de la tensión existente entre las dos magistradas, lo que está dificultando la decisión del gobierno de los jueces sobre la instrucción de un caso que arrastra casi cinco años, tiene en vilo a casi 200 imputados y corre peligro de que prescriban sus delitos según los fiscales.

El informe fue elaborado por Bolaños a instancia del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, según confirmaron fuentes judiciales a este periódico. Un procedimiento habitual, puesto que también Lorenzo del Río pidió igual informe a Mercedes Alaya cuando esta era titular del número 6 y se planteó el refuerzo de otros jueces en el caso de los ERE. Alaya no quiso entonces (principios de 2013)colaboradores en las macrocausas y solo admitió la continuidad de un juez de refuerzo para los asuntos ordinarios del juzgado, Álvaro Martín. El TSJA le hizo caso.

Bolaños sigue la pauta de Alaya. Solo quiere de refuerzo al magistrado Álvaro Martín para los asuntos ordinarios y ha transmitido a Lorenzo del Río que lo que necesita para agilizar las macrocausas son más funcionarios, dotación que es competencia de la Junta de Andalucía, a cuya Consejería de Justicia ha reclamado cuatro administrativos.

Macrocausas

Alaya dejó el juzgado 6 como titular al concurrir para un ascenso a magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero solicitó al Poder Judicial una comisión de servicio en su antiguo juzgado para seguir instruyendo todas las macrocausas: ERE, cursos de formación, Mercasevilla y avales y préstamos de la agencia IDEA. Es decir, todas aquellas relacionadas con presuntas irregularidades y corrupción en la gestión socialista de la Junta de la década 2000 a 2011.

El Poder Judicial, a instancias del TSJA, acordó concederle la comisión e hizo un reparto inicial del trabajo: Alaya llevaría el 'caso ERE' y Mercasevilla y Bolaños los dos restantes. Alaya protestó y reclamó al Poder Judicial todas las macrocausas.

Mientras, la instrucción no se detuvo y Bolaños decidió a finales de julio dividir el sumario de los ERE en piezas en contra de la tesis que siempre mantuvo Alaya, pese a que tanto la Fiscalía anticorrupción como el Tribunal Supremo se han mostrado partidarios de su escisión en partes para agilizar el final de la instrucción. Bolaños tomó la decisión incluso antes de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Sevilla sobre ello. A raíz de esta división, el Poder Judicial replanteó el reparto del trabajo entre las juezas y qué piezas iba a llevar a Mercedes Alaya.

Para entonces, finales de julio, la tensión entre ambas juezas estaba en plena ebullición. Fue la propia Alaya la que dinamitó las relaciones de ambas al remitir al Poder Judicial un escrito en el que tachaba de incompetente a Bolaños por su poca experiencia en materia penal al proceder de un juzgado de familia, «frente a la experiencia y los resultados que humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria»; También puso en duda su imparcialidad al atribuirle una estrecha amistad con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, fiscal de profesión, porque lo había leído en un periódico.

Magistrados conservadores

Alaya también arremetió contra el TSJA, los jueces que la habían sustituido durante su baja por enfermedad en 2012 y hasta algunos de los funcionarios que trabajan a su cargo en el juzgado. El escrito desesperó a Lorenzo del Río y el TSJA emitió otro en el que calificaba de «fuera de lugar» sus afirmaciones y lamentaba la «escasa voluntad» de Alaya de colaborar con su sucesora, algo de gran importancia cuando se trata de comisiones de servicio, ya que la titular seguirá siendo Bolaños.

Los escritos de Alaya pesan en su contra, aunque a su favor tiene su mayor conocimiento de la causa que ella ha dirigido desde su inicio. De ahí que Poder Judicial y TSJA lleven casi dos meses sin resolver lo que en ambientes judiciales admiten como una auténtica patata caliente. El informe de Bolaños echa más leña al fuego. Los magistrados de la sala de gobierno, casi todos de la conservadora Asociación Profesional de Magistratura (APM), no podrán obviarla a la hora de tomar una decisión.