Agaden y Verdemar estudian una denuncia contra Tocón (IU) por su apoyo al PGOU
El portavoz de la Plataforma de ciudadanos rodeados por las fábricas calificó de «ilegales» las obras en la finca La Gertrudis Perea dijo que los trabajos para las fábricas de LPC y de medicamentos comenzaron diez meses antes de obtener la Declaración Ambiental
VANESSA LARA
Viernes, 9 de noviembre 2007, 03:24
La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Los Barrios (PGOU) tuvo ayer nuevas reacciones. Esta vez proceden de las organizaciones ecologistas de la ... comarca y de la Plataforma de ciudadanos rodeados por las fábricas, que criticaron la calificación como zona urbanizable de la Finca La Gertrudis -donde se construyen las plantas farmacéutica y de papel de LPC- y calificaron las obras que allí se ejecutan de «ilegales».
Una de las medidas que ya están estudiando es la denuncia contra el concejal de IU en la Corporación barreña, José Carlos Tocón, por aportar el voto que dio luz verde a la aprobación del PGOU, un documento con el que los ecologistas afirman que IU nunca estuvo de acuerdo.
Así lo indicaron el portavoz de la Plataforma, Francisco Perea; el presidente de Agaden, Juan Antonio Carrasco; y su homóloga en Verdemar, Raquel Ñeco.
Los tres calificaron de «ilegales» los trabajos en estos terrenos en una rueda de prensa en la que Perea recordó las informaciones sobre este asunto en los últimos años. Así, indicó que no sólo las obras del Parque Tecnológico comenzaron antes de que fueran recalificados los terrenos como urbanizables, sino que «diez meses antes de obtener la Declaración de Impacto Ambiental ya estaban trabajando».
Perea también criticó que se colocaran carteles anunciando los trabajos de ambas fábricas en plena vía pecuaria. «Hace unos días los han quitado», señaló.
Investigación judicial
Por su parte, el portavoz de Agaden, Juan Antonio Carrasco, lamentó que IU haya sido «la llave para que ese poco transparente y malicioso PGOU saliera adelante, IU con su voto ha dado luz verde al fomento de industrias pesadas, que son más contaminantes, y ha dado su visto bueno a un entramado de ilegalidades».
Carrasco denunció que no se haya llevado a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística en este asunto, por lo que consideró que «tenemos un motivo fuerte para que los juzgados investiguen si hay un delito penal, estamos dispuestos a llegar hasta el final», apostilló.
Raquel Ñeco, responsable de Verdemar, encaminó su intervención hacia las consecuencias para la salud y el medio ambiente del Campo de Gibraltar que tendrá la puesta en marcha de nuevas fábricas. «La situación de la salud en la comarca es crítica, y LPC vendrá a aumentar este estado, porque estas fábricas son altamente contaminantes», relató Ñeco.
Asimismo, lanzó duras críticas contra los sindicatos UGT y CC.OO., pues considera que «venden puestos de trabajo a cambio de la salud».
Las organizaciones ecologistas no descartaron la adopción de medidas de protesta más contundentes sobre este tema en las próximas semanas.
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