Dos de los fundadores de Intervida cobraban más de 3.000 euros al mes sin trabajar
EFE
Lunes, 13 de agosto 2007, 04:48
Eduardo Castellón y Rafael Puertas, dos de los fundadores y principales imputados en la querella que la Fiscalía presentó contra la antigua directiva de Intervida, cobraron sueldos mensuales de más de 3.000 euros de una asociación vinculada a la ONG sin que conste que realizaran trabajo alguno para ella.
Así lo mantiene la Fiscalía en la querella que presentó contra los dos fundadores y otras cuatro personas vinculadas a la directiva de la ONG, la tercera más grande de España, por un delito continuado de estafa o apropiación indebida, otro societario y asociación ilícita.
De acuerdo con la querella, la Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Guatemala pagó entre 1999 y marzo de 2006 un total de 237.807 dólares a Eduardo Castellón, sin desempeñar cargo ni trabajo alguno para esa entidad.
Esa cantidad total la fue cobrando en sueldos mensuales que en 1999 fueron de 2.607 dólares, 2.518 en el 2000, 2.524 en el 2001, 2.532 en el 2002, 2.531 en el 2003, 3.159 en el 2004 y 3.157 en los años 2005 y 2006.
Por su parte, el otro querellado, Rafael Puertas, habría cobrado presuntamente de la misma asociación 161.043 dólares entre 2003 y marzo de 2006, también mediante pagos mensuales, sin que en ese período realizara actividad alguna para ella, según la fiscalía, aunque habría sido durante un año director ejecutivo y regional de la Asociación a la Ayuda al Tercer Mundo Intervida Guatemala.
La investigación del fiscal ha permitido poner al descubierto la existencia de una doble contabilidad en Intervida, una para asuntos internos y otra para los efectos fiscales, que también se habría mantenido en otras asociaciones y sociedades vinculadas a la ONG.
En el período comprendido entre los años 1999 y 2003, únicos ejercicios de los que el ministerio público dispone de información contable, las transferencias a los países del Tercer Mundo se efectuaban en el último trimestre del año, y en las cuentas se contabilizaban como aportaciones monetarias a proyectos solidarios, aunque su destino real eran cuentas de depósito bancarias.
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