Los dueños de viviendas ilegales de la Axarquía piden a la Junta que abra la mano

En un intento de abrir un a vía de dialogo con la Junta, representantes de la asociación se reunirán la próxima semana en Sevilla con la secretaria general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Gloria Vega. Su objetivo es exigir al Gobierno andaluz que «abra más la mano» y permita la legalización de las edificaciones que sólo pueden aspirar a ser asimilados a fuera de ordenación, que representan el 80% de todas las construcciones ilegales que existen en suelo rústico en Andalucía.

La figura del asimilado a fuera de ordenación está reservada en el Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable de la Comunidad a las construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación, y en las que ha prescrito la infracción o en los casos de imposibilidad de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada.

No al asimilado

Para SOHA, el asimilado a fuera de ordenación no supone la legalización de sus viviendas, aún cuando disponen de licencia municipal, razón por la cual no están dispuestos a renunciar a las licencias otorgadas en su día por los ayuntamientos para pasar a ser consideradas casas ilegales.

El colectivo se muestra dispuesto a exigir las indemnizaciones que correspondan a los ayuntamientos en el supuesto de que estas administraciones terminen retirándoles sus licencias con la excusa de que eran disconformes con el ordenación. Es decir, se niegan a sufrir las consecuencias de los errores cometidos por los ayuntamientos.

Salvemos Nuestras Casas acoge a los dueños de viviendas en el campo que se sienten desamparados en su lucha por el reconocimiento legal de sus viviendas, siempre que cuenten con la licencia de obra de su Ayuntamiento y haber ejecutado la obra conforme al proyecto que se presentó en su día.

Para esta asociación, el Decreto de Regularización es injusto porque premia la infracción a gran escala abriendo la puerta de la legalización de los asentamientos y castiga a las casas aisladas con la demolición o el asimilado a fuera de ordenación. «Es tan injusto como que el que no solicitó ni pagó licencia alguna, sale mejor parado. No le pueden anular su licencia puesto que no la tiene. Si ha prescrito el plazo legal para la restauración la legalidad urbanística, esta persona se va de rositas», señala edil de Urbanismo de Alcaucín y miembro de SOHA, Mario Blancke.