El decreto para regularizar las viviendas en el campo cumple seis meses sin efectos prácticos

«Por ahora, no ha servido absolutamente para nada y no creo que tenga ningún tipo de utilidad en el futuro», vaticinó Mario Blancke, edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alcaucín por Equo-Los Verdes, aunque forma parte del grupo de no adscritos, e integrante del colectivo Save Our Homes (SOHA)-Salvemos Nuestras Casas. «A lo máximo que podemos llegar los propietarios es al reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, un limbo legal que no convence a nadie y que no da garantías de que las viviendas no sigan siendo ilegales», continuó.

A su juicio, uno de los problemas que están teniendo los ayuntamientos es que el decreto es «muy farragoso técnicamente, con multitud de excepciones y conceptos que no están claros». «Se suponía que la Junta de Andalucía iba a aprobar, tal y como viene recogido en el mismo decreto, unas normas de habitabilidad y unas condiciones para la regularización de las viviendas en el campo, pero han pasado ya cinco meses y solo se ha presentado un borrador, del que no sabemos nada más», aseguró Blancke, quien detalló que otro de los requisitos que exige el decreto es que los ayuntamientos tienen que elaborar un avance del planeamiento urbanístico, en el que se detallen y enumeren las construcciones en el suelo no urbanizable. «En la práctica es como exigirnos un Plan General de Ordenación Urbanística, porque requiere de informes preceptivos y vinculantes de las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, por lo que, de momento, que yo sepa, nadie ha enviado nada a la Junta de Andalucía», manifestó el edil. A su juicio, esta situación, en plena crisis, está provocando un gran miedo entre los propietarios y una fuerte huida de los potenciales compradores.

Para la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), María del Mar Vázquez, muchos propietarios de viviendas no van a solicitar su regularización porque «no ven que el decreto les resuelva su problema. Dicho con mas claridad, no les legaliza sus casas», remarcó Vázquez, quien en los últimos meses ha intensificado sus reuniones con responsables de diferentes administraciones para tratar de solucionar la situación, sin éxito.

En régimen de asimilado

«La propia Junta de Andalucía, cuando se aprobó el decreto, en enero pasado, reconocía que solo un 10% de las edificaciones podrán ser legalizadas, otro 10% seguirá siendo ilegal y el 80% restante solo podrá aspirar a su reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, una figura que conlleva su legalización. ¿Quién va a querer que le reconozcan una ilegalidad? Yo se lo diré: nadie. Quien se ha hecho una casa sin licencia y todavía no ha prescrito no va a levantar la liebre acudiendo al Ayuntamiento para pedir su regularización, cuando lo primero que van a hacer es incoarle un expediente de protección de la legalidad urbanística para restablecer el orden perturbado», consideró Vázquez, partidaria de promover una iniciativa legislativa popular para modificar la LOUA y permitir la legalización de todas las viviendas. En la provincia se estima que hay 50.000 casas fuera de ordenación y 300.000 en Andalucía.

La asociación ecologista Gena se ha destacado por su rechazo al decreto, que consideran «una amnistía». Así, a raíz del desinterés que la norma está generando en los ayuntamientos y en los propietarios, ha planteado, como mecanismo para acabar con esta insumisión, que por parte de la Junta se establezca un plazo de regularización para las viviendas construidas en el suelo no urbanizable. «Cumpliendo ese plazo, la Junta, decimos bien, porque los ayuntamientos jamás lo harían, debería empezar a demoler viviendas», consideró el coordinador de Gena, Rafael Yus.