«Hemos sido ingenuos y la Junta negligente»

«La situación es surrealista, una locura, y algo totalmente incomprensible. No puede ser que hace seis, siete u ocho años, cuando empezamos a construir nuestras casas, o cuando vinimos desde nuestros países a comprar aquí, nadie nos dijera que eran ilegales y que podían ser derribadas. Nos sentimos engañados y estafados», dice Philip Smalley, un británico de 64 años que tras trabajar de comercial en Inglaterra, en 2002 decidió comprarse una parcela en La Viñuela y construirse allí una casa.

«El terreno tiene 5.350 metros cuadrados, y la casa que me construí hasta 2007 tiene 170 metros. En ningún sitio me dijeron que tuviera ningún tipo de problema legal, todo el mundo me firmó los papeles y licencias, el Ayuntamiento, los notarios, los abogados... Y al cabo de tres años me ha venido una carta de la Junta de Andalucía en la que me dicen que mi casa es ilegal, que la licencia otorgada por decreto del alcalde de La Viñuela, Juan Millán, está invalidada, que fue impugnada y que no sirve», cuenta con preocupación Philip Smalley.

«Lo más surrealista es que la ley dice que mi casa tiene que tener una vinculación al uso agrícola, ganadero o forestal, ¿y qué voy a hacer yo, con 64 años?», se pregunta. «He recuperado las antiguas viñas y estoy muy orgulloso de mi primera cosecha de vino, pero evidentemente no vivo de eso, tengo mi pensión inglesa», confiesa Smalley. Su caso es sólo uno más de los miles de foráneos que compraron o se construyeron casas en La Viñuela o en otras localidades axárquicas como Alcaucín o Canillas de Aceituno, y que a la postre y tras el devenir judicial o administrativo, han resultado ser ilegales.

«Impuesto revolucionario»

«Incluso tuve que pagar seis mil euros extras, que aquí decían que era algo así como un impuesto revolucionario, porque el Ayuntamiento me dijo que era para poder darme los servicios del arreglo de los carriles, y del alumbrado», continúa este británico, quien hace tres años, harto de esperar y muy preocupado por el futuro de su casa, decidió pasar a la acción y crear una asociación de afectados por viviendas ilegales en la Axarquía. Y es que sólo en la comarca más oriental de provincia se estima que existen unas diez mil casas fuera de ordenación, aunque esta cifra es elevada hasta las veinte mil según los grupos ecologistas de la zona.

De ahí nació Save Our Homes (SOHA), que traducido al español significa 'Salvemos Nuestros Hogares'. Comenzaron unos sesenta propietarios y ya son casi cuatrocientos. «La unión hace la fuerza, sólo unidos podremos conseguir buscar una solución a este problema tan complejo y que afecta a tantísima gente», opina por su parte Gary Miles, otro británico que compró una casa en La Viñuela. Su caso es todavía aún más sorprendente y preocupante si cabe, pues después de seis años desde que desembolsó el 75% de la cantidad que le pedía el promotor de un chalet situado «casi en el cielo», como él dice, en una empinada ladera con vistas al pantano de La Viñuela, que en estos primeros días del año ofrece una de sus imágenes más espectaculares, casi lleno gracias a a las abundantes lluvias, aún no ha conseguido unas escrituras en la que se diga que la casa en la que vive es totalmente suya.

«Está inscrita en el catastro, pero pone que tiene mil metros cuadrados, y por suerte aún no pago el IBI, pero el día que tenga que pagarlo, me van a pedir mucho, cuando la casa tiene 160 metros cuadrados», cuenta Miles, quien cree que los ayuntamientos son «los grandes responsables» de esta situación de desbarajuste, aunque también la Junta de Andalucía, «que durante muchos años ha estado mirando para otro lado». «No tiene sentido que ahora, tras muchos años sin hacer nada, quieran prohibirlo todo. Nosotros no estamos en contra de la LOUA, y somos conscientes de que se han cometido muchos desmanes, pero lo que no pueden hacer es demolerlo todo ni mantenernos con esta incertidumbre», argumenta Miles.

«Amnistía como en Marbella»

A juicio de estos británicos, otra de las contrariedades en las que incurren los dirigentes políticos autonómicos es «permitir la regularización de 18.000 viviendas en Marbella y no hacer lo mismo con las diez o veinte mil que hay en la Axarquía», se quejan tanto Smalley como Miles. «¿Por qué se ha podido dar una amnistía en Marbella y aquí no se hace lo mismo?», se preguntan.

Los dos británicos, como portavoces de SOHA y voces más activas, han tomado ya además la decisión de dar un paso más adelante, y tienen previsto ocupar los puestos segundo y tercero en las listas que presentará el Partido Andalucista en los próximos comicios municipales en La Viñuela, una candidatura que encabezará José Luis Gómez Peláez. «Pienso que podemos conseguir mucho más y ser más reivindicativos dentro del Ayuntamiento», opinan.

Por su parte, el belga Mario Blancke encabezará a Los Verdes en Alcaucín. Ninguno de ellos tiene experiencia previa en política, «pero tenemos ya suficientes conocimientos de la realidad de España, que es muy diferente a la de nuestros países de origen. Allí jamás pasaría nada parecido a lo de aquí», cuenta. «Demasiada gente ha estado durante demasiado tiempo mirando para otro. ¿Quién se ha enriquecido con todo esto?», se pregunta Blancke.