Los jueces limitarán su trabajo a una «carga razonable» en protesta por el recorte salarial

Los jueces de Málaga han dado un golpe en la mesa ante el recorte retributivo del que van a ser objeto al igual que el resto de los funcionarios. La paciencia se les ha agotado porque consideran que los poderes públicos han hecho oídos sordos a sus quejas y peticiones. Así, han decidido que se van a limitar «al cumplimiento estricto de una carga de trabajo razonable» y piden a las asociaciones judiciales que se movilicen para conseguir sus reivindicaciones e incluso que no descarten la huelga.

La Junta General de Jueces de Málaga, que conforman más de setenta magistrados, se suma de esa manera a los acuerdos adoptados por sus compañeros en otras ciudades como Valencia, Alicante, Murcia y Cartagena en esta materia.

Con la decisión de poner límites a la carga de trabajo que soportan pretenden «no suplir con nuestro exclusivo esfuerzo las carencias que presenta el sistema de la administración de Justicia».

Este ajuste se va a dejar sentir sobre todo en el señalamiento de los juicios ordinarios. Según fuentes judiciales, cada jurisdicción (penal, civil, social, mercantil y contenciosa), establecerá unos criterios homogéneos sobre el número de vistas a celebrar por cada juzgado y semana.

El resultado será que, de acuerdo con esa «carga de trabajo razonable», se señalarán bastantes menos juicios de los que en la actualidad están asumiendo los magistrados. De esta forma, es más que previsible que la resolución de todo tipo de demandas y denuncias en los juzgados malagueños se retrase aún más y agrave la ya de por sí preocupante situación de las oficinas judiciales.

Los jueces reclaman, entre otras cosas, un nuevo sistema de medición de la carga de trabajo, desvinculado de la productividad.

Hoy por hoy, el exceso de asuntos que están asumiendo algunos juzgados están dejando a la deriva a determinadas oficinas judiciales. Es el caso del juzgado de lo Mercantil número 1, que ha llegado a tener una carga cercana al mil por ciento sobre las cifras aconsejadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A finales de 2009 tenía 3.000 asuntos pendientes de resolver.

En la jurisdicción civil, los plazos para la celebración de juicios han aumentado en el último año y ya se señalan de ocho a doce meses vista. En la penal, los juicios rápidos con señalamientos previstos por ley en quince días, acumulan ya una espera de cinco a seis meses. Además, los catorce juzgados de lo penal de la capital cerraron el año pasado con 17.000 sentencias pendientes de ejecución y la jurisdicción social ha tenido que ser objeto de un plan de refuerzo para agilizar la ingente cantidad de juicios por despidos.

Impotencia

«Es lamentable que cuando millones de españoles están sufriendo lo indecible como consecuencia de la crisis económica, cuando más se hace precisa una respuesta ágil de los órganos judiciales, los jueces nos sintamos impotentes al no poder satisfacer esta demanda dado el enorme incremento de asuntos que precisamente la crisis económica ha generado, sin que los poderes públicos hagan nada ante esta realidad, ya que no han adoptado hasta la fecha ni una sola medida mínimamente eficaz», critican los magistrados en un comunicado. Añaden que ante esta situación «no sólo no se ha adoptado ninguna medida digna de mención por parte de los poderes públicos en relación al incremento del número de jueces, la inversión en Justicia y carga de trabajo, sino que su única respuesta ha sido la reducción de nuestras retribuciones».