Herederos de Gil simularon la venta de acciones del Atlético para evitar su embargo por 'Saqueo'

Hacienda y la Seguridad Social serán por tanto las encargadas de solicitar la ejecución de los embargos que pesan sobre los bienes de los condenados en esta causa: el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra y el contable Manuel Jorge Castel. Además de a las penas de prisión, los tres deberán responder de forma solidaria a una indemnización de casi 23 millones de euros. Por su parte, la empresa Promociones Futbolísticas SA, en su día propiedad del fallecido ex alcalde Jesús Gil, deberá abonar más de 2,4 millones de euros, cuantía que difícilmente podría asumir una sociedad en periodo de liquidación desde 2006 y sin ningún activo.

Para garantizar el pago, la Audiencia Nacional embargó el pasado diciembre 164.981 acciones del Atlético de Madrid a.otra empresa: Brompton Manor España SL. ¿El motivo? Las investigaciones de la Fiscalía han desvelado que Promociones Futbolísticas, en la que Miriam Gil -hija del ex regidor- actuaba como administradora-, vendió en 2006 las acciones del club rojiblanco a Brompton Manor España, en una operación que tenía como objeto ocultar la verdadera titularidad de las participaciones y evitar con ello que fueran embargadas por el 'caso Saqueo'.

En el auto, al que ha tenido acceso SUR, el Juzgado Central de Instrucción número 6 establece que el Ministerio Público solicitó en febrero de 2006, en su escrito de acusación por el 'caso Saqueo', que Promociones Futbolísticas fuera condenada al pago de más de 2,4 millones de euros en relación con el desvío de fondos públicos entre 1991 y 1995, durante el primer mandato del GIL al frente del Ayuntamiento de Marbella. En las mismas fechas, según la resolución judicial, los órganos de administración de la empresa «diseñaron la operación» de compraventa de acciones, una actuación «de cuyo examen se concluye la falta de realidad de la misma» y que respondía al «"propósito de evitar que el único activo de la mercantil fuera trabado».

La Fiscalía recoge en su informe que la sociedad compradora se constituyó diez días antes de la venta de acciones y que el precio de adquisición «ni tan siquiera se pagó el mismo día», sino a lo largo de un mes, con fondos provenientes de Reino Unido.

Precio inferior

Entre las presuntas irregularidades detectadas se encuentra también el hecho de que, en los ejercicios previos a 2006, Promociones Futbolísticas valoraba las acciones del Atlético de Madrid en más de 8,2 millones de euros, mientras que en la declaración presentada ese año tal activo no existe y la sociedad presenta pérdidas por cerca de 6 millones de euros.

«Ello significa que las acciones referidas se vendieron a un precio sustancialmente inferior al que la propia mercantil lo valoraba y a partir de ese momento se declaran pérdidas», indica la resolución judicial, que ordena el embargo de los títulos y su anotación por parte del Atlético y requiere el balance de liquidación de Promociones Futbolísticas. La sociedad inició su disolución de manera voluntaria en octubre de 2006, unos meses después de proceder a la venta de las participaciones del club colchonero.