El embargo al club de rugby amenaza la continuidad de una escuela deportiva con más de 350 niños

Además de contar con un equipo en División de Honor B, la segunda categoría del rugby nacional, la entidad, sin ánimo de lucro, funciona desde hace 28 años como escuela deportiva a la que asisten más de 350 niños de la ciudad. El club está considerado una de las principales canteras de este deporte en España. Algunos de los jugadores salidos de su escuela han llegado a la selección española y otros participan en las dos ligas más competitivas de Europa, la francesa y la inglesa.

El Marbella Rugby Club ocupa una parcela municipal que le fue concedida de forma gratuita por el Ayuntamiento en 1992, y a lo largo de estos años los miembros de la entidad, que fue fundada en 1989, tuvieron que hacer frente a diferentes intentos de convertir ese suelo, situado a pie de carretera frente al Hospital Comarcal, en objeto de maniobras de especulación urbanística. Tras sobrevivir al GIL, el club consiguió que los terrenos fueran incluidos en el PGOU de 2010 como equipamiento deportivo.

Debido a las condiciones en el que le fue concedido su uso -en el acuerdo de concesión aprobado en la comisión de gobierno municipal del 21 de octubre de 1992 no se se hace mención a que el club tenga que hacerse cargo del pago del IBI de un suelo que es de propiedad pública- la entidad deportiva nunca se vio obligada al pago de ese impuesto, aunque sí se hizo cargo del mantenimiento de las instalaciones.

Sin embargo, el pasado 22 de diciembre, los responsables del club fueron sorprendidos con el embargo de sus cuentas por una reclamación en vía ejecutiva por el impago de los recibos de los ejercicios comprendidos entre 2012 y 2015. Según aseguran los responsables del club en un escrito dirigido al Patronato de Recaudación, el Marbella Rugby Club no fue notificado de la situación administrativa en ningún momento del proceso, y la primera noticia que tuvieron fue cuando se encontraron con las cuentas bloqueadas.

Valoración

En abril de 2015, la oficina del catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, modificó la valoración de la finca a instancias del Ayuntamiento de Marbella. Pasó de estar considerada zona verde en el PGOU de 1986 a zona deportiva en el de 2010, por lo que el suelo, que tenía un valor de 90.000 euros alzanzó otro de 4,2 millones de euros más 600.000 euros por las construcciones de gradas, cafetería y vestuario. El club, según aseguran sus responsables, no fue notificado de este proceso, ni tampoco de los recibos devengados en concepto de IBI por la nueva valorización del inmueble, que suman un total, sin intereses, de 112.000 euros. El embargo se ha trabado por 140.000 euros.

Tanto el acuerdo de alteración de la descripción catastral como los sucesivos recibos de IBI fueron remitidos a una dirección equivocada -al parecer la correspondiente al antiguo despacho profesional del presidente del club en el momento en el que se firmó la cesión del terreno y donde actualmente funciona un restaurante- y no al club, donde sí han llegado otras notificaciones del Patronato de Recaudación, como una multa por una tala aparentemente no autorizada.

Situación límite

El embargo de las cuentas supone una situación límite para el club, cuyo funcionamiento puede colapsar ante la falta de recursos. Además de los gastos del primer equipo, la entidad debe afrontar el desplazamiento y alojamiento de casi 300 niños y jóvenes a los campeonatos de España de las diferentes categorías, que se celebran este año en Madrid, Valencia y Valladolid.

La entidad, que se sostiene con la aportación de los jugadores, de las familias de los niños de la cantera y de los patrocinadores del primer equipo, ha presentado un recurso al Patronato de Recaudación, que se ampliará en los próximos días, en el que se argumentan, entre otros motivos, la falta de notificación de la liquidación, la nulidad del expediente de regularización catastral, la nulidad del expediente en el que se revaloriza el inmueble y la ausencia de obligación de pago por parte de una entidad que no es propietaria sino concesionaria del suelo.

Desde el equipo de gobierno argumentan que al tratarse de una concesiòn administrativa, y no una una cesión como es habitual en los clubes deportivos, la entidad sí debe hacerse cargo del pago del IBI. El alcalde, José Bernal, se reunió ayer con responsables del club, a quienes les mostró su disposición a buscar una solución que en todo caso debe ser producto de la colaboración con otras instituciones y que no depende de la voluntad política del Ayuntamiento, según explicó.

El Patronato de Recaudación deberá resolver en el plazo de un mes el recurso presentado por el club el pasado 9 de enero.