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Imagen de archivo con las obras objeto de la polémica.

Apartan de Urbanismo al inspector que informó de la ilegalidad de las obras de un club de playa

El informe firmado por el funcionario forma parte del sumario abierto en un juzgado por la no paralización de las obras

Héctor Barbotta

Jueves, 30 de octubre 2014, 00:24

El funcionario municipal de Urbanismo que elaboró los informes que advertían de la ilegalidad de las obras del club de playa Funky Beach ha sido separado de su puesto y trasladado a la Delegación de Obras. La decisión fue adoptada el pasado 16 de octubre por el coordinador de Hacienda y responsable del área de Personal, Carlos Rubio, y se fundamenta en la necesidad de dotar de «más eficacia a los servicios municipales».

En concreto, el trabajador ha sido asignado a la supervisión de las obras de instalación del servicio de gas natural en el término municipal, según explicó a este periódico el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, quien rechazó que la decisión tenga alguna relación con la intervención del funcionario en la elaboración de los informes que advirtieron de la ilegalidad de unas obras que se realizaban en el citado club de playa.

La no paralización de estas obras dieron origen a una querella por parte del grupo municipal socialista y a la imputación de Moro, que hoy prestará declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.

El funcionario ahora trasladado, cuyo cargo es el de inspector de servicio, firmó el pasado 17 de julio un informe en el que advertía de que el club de playa había ejecutado obras como la construcción de pérgolas y muretes, la reforma de instalaciones y la construcción de una piscina pese a existir en Urbanismo informes que advertían de su ilegalidad.

En ese escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se señalaba que la obra se había ido ejecutando a pesar de cuatro informes de incumplimientos de paralización y se solicitaba que se diera el traslado del asunto a la Delegación de Industria, al estar las obras realizadas sin licencia. Las obras, según explicaba el funcionario, se habían ejecutado en un suelo no urbanizable de especial protección.

La causa que se sigue en el juzgado tiene su origen en un informe elaborado por técnicos de la delegación de Urbanismo tras una inspección realizada en febrero sobre unas obras realizadas en Funky Beach, en la playa de El Pinillo, consistentes en la demolición de pérgolas que no contaban con licencia municipal y estaban afectadas por el límite de edificación por afección de carreteras. Con posterioridad a ese informe y a medida que las obras iban avanzando, se emitieron otros cuatro, sin que se ordenara la paralización de las obras.

El procedimiento para el restablecimiento de la legalidad fue archivado por decreto tras la obtención, en el mes de agosto, de la licencia municipal.

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