Piden cinco años de cárcel para dos guardias civiles por cobrar mordidas a transportistas

El Ministerio Público pide para los dos guardias civiles, y para el cuñado de uno de ellos (en concepto de cooperador necesario), penas de cinco años de cárcel para cada uno por cohecho de funcionario público y multas de 6.000 euros (por este delito) y de 10.800 euros (por revelación de secretos). Asimismo, solicita las mismas condenas para cinco empresarios malagueños investigados en el caso.

El fiscal sostiene en su escrito que los dos agentes, destinados en el subsector de Tráfico de Málaga, «presionaban» a los propietarios de empresas de transportes de mercancías por carretera «solicitando dinero y regalos a cambio de no cumplir con las obligaciones propias de su cargo». Según el relato acusatorio, no habrían impuesto las correspondientes multas a los camiones pese a la comisión de infracciones graves, «bien por sobrepasar el peso máximo autorizado de mercancía, bien por no llevar la documentación en regla, ofreciendo siempre un trato de favor a cambio de contraprestaciones de toda índole», como dos botellas de Rioja y medio queso en uno de los casos investigados. Lo habrían hecho de común acuerdo con el cuñado de uno de ellos «durante un tiempo indeterminado anterior al mes de julio de 2015», cuando fueron detenidos por Asuntos Internos de la propia Guardia Civil.

La investigación, que se apoyó en varias intervenciones telefónicas, comenzó a raíz de la denuncia de dos empresarios en mayo y junio del año pasado. Uno de los transportistas, ahora testigo en la causa, contó que los acusados le pidieron 600 euros al trimestre a cambio de evitar sanciones como la que le acababan de poner por no pasar la ITV, «además de obtener información sobre la ubicación de los controles de pesare». Según el fiscal, a fin de intimidarle para que pagara, días después pararon otro de sus camiones y le instaron por teléfono al abono de la cantidad solicitada. En lugar de eso, el empresario presentó una denuncia ante la Guardia Civil.

Según el escrito de acusación, los agentes, aprovechándose de su trabajo, «accedían a la información reservada del subsector de Transportes» sobre la ubicación de controles para facilitarla «vía WhatsApp y SMS» a los transportistas y que evitaran las sanciones, indicándoles itinerarios alternativos. Los mensajes, en los que habrían usado un «lenguaje velado ya convenido» y que tenían «múltiples destinatarios», entre otros los acusados, eran del tipo: «Cambio Antequera Café», «Huertecilla y cambiamos luego a Cruzcampo», «Huertecilla y Guadalhorce» o «paramos a tomar café en Venta Cotrina».

Uno de los empresarios, después de que varios camiones de su flota fuesen denunciados, recibió la llamada de uno de los guardias, quien le habría instado a pagarles para evitar tanto esa como futuras sanciones. Se citaron el 1 de julio de 2015 en el polígono San Luis, donde el empresario debía entregarles 500 euros. Los agentes fueron detenidos en aquel encuentro. En su coche, los investigadores hallaron un sobre con 520 euros.