La Junta inicia la expropiación de uso de otras dos viviendas en Málaga para evitar desahucios

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado hoy los anuncios que dan inicio a los expedientes de expropiación temporal de uso de dos inmuebles en la provincia de Málaga, concretamente en la avenida La Palmilla y la calle Galera de la capital. La expropiación evita el desahucio de estas familias, que en caso de perder sus casas quedarían en situación de exclusión social. La provincia de Málaga acumula la mitad del total de los procedimientos iniciados en toda Andalucía. Hay seis en Málaga, dos en Granada, dos en Huelva, uno Cádiz y otro en Sevilla, publicado también hoy. En total, doce.

"El Decreto Ley está dando respuesta a las necesidades urgentes de personas en riesgo de exclusión social. Es política hecha pensado en la gente", ha señalado Manuel García Peláez, delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, que ha señalado que, desde su entrada en vigor el pasado 12 de abril, la norma ha demostrado ser "una herramienta que da poder a las personas que menos tienen en el momento en que más lo necesitan".

La Consejería de Fomento y Vivienda ha dado inicio a estos dos expedientes tras comprobar que los solicitantes cumplen con todos los requisitos sociales para beneficiarse de la expropiación temporal del uso del inmueble por un periodo de hasta tres años.

El anuncio publicado en el BOJA es el paso previo al proceso de expropiación temporal del uso, que es de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Una vez realizada esta publicación, la sociedad adjudicataria del piso dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y si éstas no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería, para posteriormente publicarlo de nuevo en el Boletín Oficial de la Junta, como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación. El proceso es plenamente garantista.