El Ayuntamiento de Coín prevé regularizar el 90% de sus casas en suelo no urbanizable

El Ayuntamiento de Coín ha iniciado los trámites para regularizar las viviendas situadas en suelo no urbanizable en su término municipal, de acuerdo con el Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, que permite a las entidades locales llevar a cabo esta medida. En concreto, desde el equipo de gobierno calculan que serán más de 4.000 casas las que podrán acogerse a este proceso de regularización, que este jueves dio un nuevo paso con la aprobación por parte del pleno de tres ordenanzas que darán cobertura a este tipo de edificaciones.

Estas ordenanzas se suman al estudio realizado por la Concejalía de Urbanismo, que estimaba que en Coín existían unas 7.000 construcciones en terreno no urbanizable, de las cuales en torno al 70 por ciento son viviendas unifamiliares. Fuentes municipales indicaron que, de esas casas, alrededor de un 10 por ciento no podrán ser regularizadas por situarse en suelo protegido o inundable, o por tener abierto un expediente sancionador. Una de las ordenanzas aprobadas es la que declara en situación «asimilada a la legal de fuera de ordenación de usos» aquellas edificaciones que no están inmersas en ningún proceso sancionador y que tienen más de seis años de antigüedad, como exige el decreto de la Junta de Andalucía.

La segunda de las ordenanzas es la que establece las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de estas construcciones. Con estas dos normas, una vez entren en vigor, los propietarios podrán solicitar en el Ayuntamiento un certificado con el que podrán realizar diferentes trámites, como registrar la propiedad de la vivienda y contratar los servicios de suministros básicos como luz y agua, según explicó el concejal de Urbanismo, Francisco Santos.

Este certificado tendrá un coste para el dueño del 5% del presupuesto de la edificación. Por ello, el pleno aprobó además la ordenanza fiscal que regula la tasa a cobrar a estos titulares ya que, según aclaró el concejal, el decreto autonómico marca que el servicio tendrá que ser costeado por el propietario, y no por la administración que lo emita. Las dos primeras ordenanzas fueron aprobadas por el gobierno local del PP y por el PSOE, mientras que en la tercera los socialistas se abstuvieron. Los concejales de IU se ausentaron del debate alegando ser «parte afectada en lo personal» y que no podían defender el asunto de manera objetiva.