El TSJA frena los recursos contra el PGOU con más de 150 sentencias que lo avalan

El Plan General de Ordenación Urbana de Marbella tiene el aval de la justicia. Los propietarios y vecinos que han recurrido a los tribunales para impugnar la norma, la mayor parte en busca de amparo contra el proceso aprobado para la regularización de inmuebles ilegales mediante el pago de compensaciones, se ha encontrado con sentencias favorables al PGOU.

De las 156 sentencias dictadas hasta ahora por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 151 han sido favorables al Plan, según han asegurado a este periódico fuentes municipales. La mayoría de las demandas presentadas contra el Plan, en la que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento aparecían como administraciones codemandadas, cuestionaban la obligación impuesta de compensar a la ciudad para poder legalizar inmuebles construidos al margen de la ley, y en otras los recurrentes eran propietarios que se consideraban afectados por ese mismo proceso de normalización y reclamaban que se ejecutaran sentencias de demolición aprobadas por los tribunales antes de la entrada en vigor del Plan General.

En varias de las sentencias a las que ha tenido acceso este periódico, la sala del TSJA con sede en Málaga recuerda la situación «excepcional y sin precedentes» vivida por el Ayuntamiento de Marbella, que llevó primero a la Junta de Andalucía a retirarle las competencias urbanísticas en 2005 y al Gobierno a ordenar la disolución de la corporación municipal el año siguiente, y destaca que el PGOU de 2010 se enmarcó en conjunto de normas que buscaban «dar respuesta a una muy concreta situación social, en la que destaca la necesidad de dar una solución a la problemática derivada de las edificaciones amparadas en licencias urbanísticas ilegales otorgadas por las diferentes corporaciones municipales de Marbella desde el año 1991».

Los argumentos del TSJA coinciden en varias de las sentencias consultadas por este periódico, entre ellos el de considerar al PGOU no como una norma que intenta dar solución a irregularidades aisladas, sino como un instrumento que da respuesta a la necesidad de dotar de ordenación a una ciudad entera ante la indisciplina urbanística generalizada.

El TSJA avala también el sistema de compensaciones diseñado para la legalización de viviendas ilegales, objetivo que, según recuerda el PGOU, tiene base en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). Según el alto tribunal, «existe cobertura legal al administrador municipal para fijación de uno de sus objetivos la normalización».

Las diferentes sentencias también aplican un criterio homogéneo a la hora de referirse a los edificios ilegales regularizados pese a tener sentencias de derribo. En ese sentido, la Sala recuerda que muchas de las resoluciones judiciales por las que se anulaban licencias se basaron en la ausencia de plan, y que el PGOU cuestionado "llena los vacíos entonces observados".

En relación con las sentencias de restitución de legalidad dictadas en su día contra edificios construidos bajo el amparo de licencias municipales posteriormente anuladas, el TSJA destaca que de estimarse que esos inmuebles sí se ajustan al nuevo PGOU deberá promoverse para cada uno el correspondiente incidente de imposibilidad de ejecución de sentencia.

Dotaciones mayores

Varios de los demandantes habían planteado en sus recursos argumentos que no han prosperado en las sentencias, como que el PGOU de Marbella establece como parte de su modelo territorial determinados niveles dotacionales muy superiores a los mínimos establecidos en la LOUA, la imposición de cargas que generan inseguridad jurídica, el desconocimiento de situaciones consolidadas al amparo de una apariencia de regularidad jurídica, la ruptura del principio de presunción de legalidad en las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento cuando se concedieron licencias contrarias al PGOU entonces vigente, entre otros.

En sus exposiciones en varios de estos procesos, tanto la Junta como el Ayuntamiento aludieron a que no es posible aplicar el principio de buena fe al que recurrieron algunos compradores. Para la Junta, los graves abusos que se estaban cometiendo en Marbella eran de público conocimiento, mientras que en algunos de los procesos el Ayuntamiento ha citado jurisprudencia del Supremo opuesta a la aplicación de ese principio.