Abogados, en un brete

La extensión marbellí del Colegio de Abogados de Málaga acogió ayer tarde una jornada práctica sobre prevención de blanqueo de capitales que congregó a un buen número de colegiados. En la cita intervino el letrado y colaborador semanal de esta casa Nielson Sánchez-Stewart, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española. El abogado abordó, entre otras cosas, las dificultades con las que se topa la profesión en el cumplimiento de la obligación de informar y colaborar con las autoridades y la también obligación de guardar el secreto profesional que atañe al colectivo. A juicio del letrado, éste es un asunto vivo y que exige un examen pormenorizado y casuístico. «El ciudadano conoce que el abogado es sujeto obligado a colaborar con la prevención del blanqueo pero no puede distinguir -a veces el abogado, tampoco- qué información deberá seguir siendo confidencial aunque implique blanqueo de dinero. Esta situación puede fácilmente atentar contra el derecho de defensa y su efectividad», sostiene Sánchez-Stewart.

Asimismo, alertó de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo SEPBLAC «se ha puesto las pilas» a la hora de inspeccionar despachos de abogados para comprobar si se cumple o no con las obligaciones, ya que se espera la llegada de inspectores del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, órgano que estima endeble la supervisión a la que se somete a los bufetes. «Ellos vienen inspirados en Europa donde la actuación de los abogados es mucho más trascendental en materia de prevención de blanqueo de lo que es en España», explicó a SUR Sánchez-Stewart.

Escrutinios inapropiados

El abogado reconoció que en Marbella los letrados se encuentran en un brete, dado que la inversión extranjera se ha diversificado en los últimos tiempos y ya no solo proviene del entorno de la Unión Europea, sino de países de difícil seguimiento.«Muchas veces es complicado saber quién es quién en este tipo de operaciones que provienen de lugares donde ni siquiera el alfabeto es el mismo», añade con ironía.

Dicho esto, Sánchez-Stewart subraya que «si la inversión extranjera es un modo de consumar el blanqueo de dinero, no la queremos para nada, pero si es legítima como, por lo menos en el 95% de los casos, no es bueno que se retraiga por el temor de ser confundida con la de origen espurio o por ser sometida a feroces escrutinios que resultan incómodos y, a veces, inapropiados».

A modo de conclusión, Sánchez-Stewart, que acaba de sacar al mercado un libro en el que trata estos asuntos titulado 'Abogados y Prevención del Blanqueo de Capitales. Manual Básico', publicado por la editorial Ley 57 Abogados, subraya que si bien es cierto que debe mantenerse a los letrados como sujetos obligados a informar, también lo es que esas obligaciones deben resultar concretas y simples: conocer al cliente, guardar la documentación, abstenerse de ejecutar determinadas operaciones, comunicar los indicios o certezas, pero a través de un órgano corporativo y, en ciertos casos, seguir el rastro del dinero.