Isofotón pide concurso de acreedores y eleva el ERE a 360 despidos

La tortuosa historia de Isofotón ha entrado en el que puede ser su último capítulo, cuyo escenario va a ser el juzgado de lo mercantil. Allí se decidirá si la empresa que ha sido líder de la energía solar en España echa el cierre o cuenta con una nueva oportunidad. El plazo de cuatro meses que ha tenido la compañía malagueña para alcanzar un acuerdo con sus acreedores se ha saldado con fracaso y ya no queda otra vía que el concurso, antigua suspensión de pagos. La negativa de los bancos a refinanciar su deuda, añadida a dos deudas heredadas de los anteriores propietarios que han salido recientemente a la luz (y que suman unos 80 millones de euros) aboca a Isofotón a pedir voluntariamente el concurso. Según anunciaron ayer sus portavoces, esta solicitud se materializará el próximo martes.

Para la plantilla de Isofotón esta no fue la única mala noticia de ayer, que -casualidad o no- era el último día para negociar el ERE. En la última reunión con los sindicatos, la dirección, además de anunciar la inminente solicitud de concurso, comunicó que la cifra de despedidos será finalmente de 360, lo que supone prácticamente una vuelta al máximo inicial (que era de 365). En el transcurso de la negociación la empresa llegó a bajar hasta 230, pero ayer los representantes sindicales se vieron sorprendidos por una «decisión ya tomada» que supondrá la salida de casi el 60% de su personal. La compañía tiene ahora 15 días para comunicar los detalles del expediente de regulación ante la autoridad laboral. Por su parte, el comité de empresa anunció una demanda colectiva contra este despido masivo, a la que se sumarán demandas individuales de cada uno de los trabajadores afectados.

La imposibilidad de refinanciar la deuda con los bancos -pese a la renovación de los avales por parte de la Junta de Andalucía- y las reclamaciones que ahora han salido a la luz han sido el detonante del concurso de acreedores de Isofotón, pero sus problemas de fondo tienen su origen en la aguda crisis que vive el sector fotovoltaico a nivel mundial, agravado en España por la eliminación de las primas a las energías renovables. De hecho, varios de sus competidores se han declarado en quiebra en los últimos meses, como la alemana Q-Cells o la asiática Wuxi Suntech. El principal problema del sector a día de hoy son las prácticas anticompetitivas de China (el 'dumping' o venta por debajo de coste), que han hundido los precios en todo el mundo, hasta tal punto de que la UE estudia tomar medidas para combatirlas.

Ahora, la principal incógnita es si Isofotón sobrevivirá al concurso (más del 90% de las empresas no lo consiguen). Eso lo decidirán en buena parte sus acreedores, entre quienes figuran desde bancos hasta proveedores, pasando por los propios trabajadores y la Junta de Andalucía. La dirección de la compañía no quiso ayer desvelar a cuánto asciende su deuda total. Según los cálculos del bufete V Abogados, que representa a varios de sus fiadores, su pasivo puede alcanzar los 110 millones de euros, de los que 55 millones corresponderían a bancos (principalmente CaixaBank, Unicaja y BMN). A estos montantes se suman las deudas conocidas este mismo mes, procedentes de la etapa en la que Isofotón pertenecía a Bergé: una de 96 millones de dólares que reclama judicialmente el fabricante norteamericano de polisilicio Hemlock y otra de casi 7 millones de euros con el Ministerio de Industria, que exige la devolución de subvenciones cuyas condiciones no se han cumplido.

Isofotón aseguró ayer que tiene «la firme voluntad de cerrar con sus acreedores una propuesta de convenio lo antes posible» y que continuará «desarrollando su actividad con normalidad», mientras busca «llegar a un acuerdo final que garantice la salvaguarda de los derechos e intereses de sus trabajadores, acreedores y accionistas asegurando la viabilidad de su propuesta de negocio». Al ser un concurso voluntario, sus propietarios conservarán sus facultades de gestión.

Para los 670 trabajadores de Isofotón, la preocupación más inmediata es otra: si podrán cobrar su sueldo y las indemnizaciones por despido, en el caso de resultar afectados por el ERE. En el caso de las nóminas, los últimos 30 días de salario anteriores a la declaración de concurso, así como los que se generen ya dentro del proceso judicial, son considerados por la Ley Concursal créditos contra la masa, es decir, que se pagan sin tener que esperar a que se resuelva el proceso judicial. Pero las indemnizaciones son otro cantar, porque si el despido se produce antes de la declaración de concurso, los trabajadores tendrán que ponerse en la cola con los demás acreedores una vez finalice el proceso concursal. Si para entonces no hay dinero, tendrán que acudir al Fogasa.