Juan Ramón Fernández-Canivell, abogado: «Es una medida extemporánea e inoportuna»

El abogado experto en urbanismo Juan Ramón Fernández-Canivell no comparte en absoluto la iniciativa tomada por el Gobierno andaluz con el decreto. «Es una medida extemporánea e inoportuna», afirma este abogado quien recuerda que pese a que fue en 1994 cuando se promulgó la Ley de Ordenación del Territorio, el Plan del Ordenación del Territorio de Andalucía no tuvo la luz verde hasta 2006 y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga no llegó hasta 2008. «Si el Plan de Protección del Litoral sigue ese intervalo temporal, no es lo más oportuno para la situación económica, además de que supone un daño para el crecimiento turístico de Andalucía», afirma.

«No critico el fondo, porque siempre es bueno preservar los valores existentes y establecer límites necesarios, pero debe hacerse de forma proporcionada. Proteger no es incompatible con el crecimiento», añade Fernández-Canivell quien reprocha a la Junta (PSOE e IU) que este decreto-ley sea en cierto modo una forma de reaccionar políticamente ante la reforma de la Ley de Costas del Estado (PP), «sin dialogar con los afectados y generalizando unas medidas cautelares tan drásticas». «Ha faltado comunicación previa, y ofrecer diálogo ahora es algo tardío», opina el letrado sobre el enfrentamiento que el decreto-ley ha generado entre los responsables del Gobierno andaluz y alcaldes del PP. «La inversión, y más en estos tiempos, es muy sensible a las normas jurídicas restrictivas y se resentirá. Hay una sensación de inseguridad jurídica», añade.

Sobre si la norma supone una invasión de las competencias municipales, Juan Ramón Fernández-Canivell tiene claro que en efecto se produce esa intromisión. «Hay medidas de ordenación del territorio encubiertas de apariencia supramunicipal que vulneran el principio de autonomía de los ayuntamientos», argumenta. «¿Qué sentido tiene ahora un Plan del Litoral si ante cualquier 'barbaridad' municipal el Gobierno andaluz puede suspenderla con control judicial? Demasiada presión burocrática para añadir un elemento nuevo», abunda.