Ayuso llama «dictador» a Sánchez tras el recurso judicial por negarse a crear la lista de objetores
El presidente acusa al Gobierno de Madrid de convertir el derecho al aborto «en un negocio» y la líder autonómica se encomienda a la justicia
Las espadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el que preside Isabel Díaz Ayuso a cuenta del registro de médicos objetores al aborto continúan ... en alto. La abogacía del Estado interpondrá este lunes el recurso ante lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid iniciando así la vía legal, como ocurrió a comienzos de noviembre con el boicot de los gobiernos autonómicos del PP a la petición del Ejecutivo central de que proporcionaran los datos de los cribados del cáncer. El propio presidente lo ha confirmado en un mensaje en la red social X en el que también apunta contra el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en clínicas privadas en la Comunidad de Madrid. «Un derecho esencial, convertido en negocio. No lo vamos a permitir», ha escrito Sánchez. «Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer», ha replicado, a continuación, Díaz Ayuso.
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En declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro sobre Melilla, la dirigente autonómica ha recordado que en Madrid se practican «uno de cada cinco abortos» en España, de los que el 10% viene de otras comunidades autónomas. «Aquí hay libertad, claro que lo hay, pero ¿dónde queda la libertad de las personas que quieren hacerlo o que no quieren hacerlo? ¿Dónde queda la libertad de los profesionales sanitarios que quieren ejercer o que no quieren hacerlo?», se ha preguntado.
La semana pasada, la Consejería de Sanidad madrileña anunció que no entregaría al Ministerio que dirige Mónica García ningún registro de objetores y explicó que prefieren esperar a que los tribunales se pronuncien, y no un «Gobierno sectario». «Que sea un tribunal quien decida y no un Gobierno que redacta las leyes de manera furibunda», ha incidido Díaz Ayuso, que ha defendido la objeción de conciencia frente a la interrupción voluntaria del embarazo. «Estamos hablando de los médicos, de los sanitarios y de todas aquellas personas que, por distintos motivos, no tienen por qué manifestarse públicamente y no tienen por qué ser -recalcó- estigmatizados por obrar en base a su conciencia».
Según ha precisado el Gobierno central en un comunicado, el Ejecutivo madrileño «se ha negado reiteradamente a crear el registro confidencial de objetores de conciencia previsto en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo» y cuya puesta en marcha aprobó por unanimidad el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. En concreto, ha denunciado que la Comunidad de Madrid «ha ignorado» el requerimiento enviado hace un mes por el Ministerio de Sanidad, en el que se le recordaba la exigencia de crear este registro, al igual que se hizo con los gobiernos de Baleares, Aragón y Asturias, que comunicaron su intención de cumplir con esa obligación legal mientras que Díaz Ayuso se declaró en rebeldía. «Prefiero encomendarme a las decisiones de la justicia», ha reiterado
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