El juez excluye al 'arrepentido' Marjaliza del 'chivatazo' de la trama Púnica

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, y las fiscales anticorrupción han excluido al empresario de Valdemoro (Madrid) de la pieza que investiga el 'chivatazo' de un guardia civil a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, antes de que estallara la operación que acabó con su detención en octubre de 2014.

En esta causa se indaga un delito de revelación de secreto contra los guardia civiles José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre y el propio Granados. Caro Vinagre ya trabajó para Granados cuando éste era consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid.

Fue Talamino quien le dijo a Granados en una discoteca de Valdemoro, a altas horas de la madrugada, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a Marjaliza, quien tras conocer la información en boca de Granados se deshizo de abundante documentación, tal y como reconoció ante el juez. Pese a ello, Velasco no le acusa en esta pieza, quizá como contrapartida a su colaboración judicial, que también le benefició para salir de prisión en diciembre pasado.

"Blanco y con asas"

Esta fue la declaración de Marjaliza ante el juez: "Me dice Paco: 'He coincidido en una discoteca de Valdemoro a las 4 de la mañana, con muchas copas, con un guardia civil y me ha dicho que están investigando a un empresario de Valdemoro que tiene su oficina en Pinto'. Y blanco y con asas".

Del mismo modo, Caro Vinagre avisó a Granados de que le habría instalado un medio de vigilancia de vídeo en las inmediaciones de una empresa que compartía con Marjaliza, lo que, según el juez Velasco, "puso en grave riesgo la investigación y ha dificultado severamente la marcha de la misma".

Por su parte, Caro Vinagre también está imputado por malversación en el caso del espionaje de la Comunidad de Madrid, que hace un año reabrió por tercera vez la Audiencia de Madrid después de que la juez de instrucción decidiera cerrarlo otras tantas veces.

Está acusado de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero regional Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.