El cierre de las cocinas y las terrazas del hotel Guadalpín Banús deja en el aire su continuidad

El hotel Guadalpín Banús, promovido por Aifos y explotado inicialmente por una empresa participada al cien por cien por la promotora, entró en concurso de acreedores en 2009. Así, la plantilla se ha visto afectada por un litigio entre la explotadora del Guadalpín Banús, Grisoma Hotelera SL (Grisoma), y la propietaria de algunos de los locales ubicados en el sótano 1, SPV Spain Project 17 SL (SPV). Esta última alega que no se le están abonando las rentas correspondientes por la explotación de sus locales.

El fondo SPV se hizo con parte del hotel, y quiere recibir su propiedad en virtud de una resolución judicial que así se lo permite. Entre esas dependencias se encuentran las terrazas y las cocinas sobre las que Gestión de Arrendamientos Malagueños, propietaria de la finca de servicios hoteleros, también reclama su dominio. Para dirimir esta situación, existe otro procedimiento sobre las lindes de los locales, que tienen fecha de juicio para principios del próximo año.

La entrega de la propiedad quedó aplazada el pasado 4 de mayo a causa de la huelga de funcionarios de Justicia, y finalmente se ha llevado a cabo este lunes tras la llegada de la comitiva judicial. «Echamos en falta a los políticos, no nos ha ayudado nadie, somos muchas familias las que comemos de esto», comentaba una trabajadora durante el encierro de los empleados en las cocinas tras conocer que se ejecutaría la orden. Al grito de «queremos trabajar, no nos moverán», la plantilla reivindicaba su papel en el hotel, mientras otros compañeros trasladaban todos los alimentos y suministros de las cocinas a los espacios del hotel que permanecerán abiertos. «Seguiremos sirviendo los desayunos y las comidas en otras zonas, como la piscina», aseguraban.

Tras más de dos horas de tensión y negociaciones con los agentes de la Policía Nacional, los empleados abandonaban las cocinas pacíficamente aunque haciéndose oír, lo que despertó la curiosidad de los huéspedes que se encontraban en la piscina de la planta superior. «Es un tema bastante complicado para hacer un acuerdo inextremis, pero creo que merecía la pena indagar esa posibilidad. Finalmente no ha habido acuerdo, la propiedad ha pedido dos millones de euros de aval a Grisoma», detalló la secretaria de Servicios de CCOO, Lola Villalba. «Se va a ver mermada la ocupación, y obviamente habrá determinados trabajadores que no van a poder tener empleo. Y bueno, si no hay ninguna otra fórmula, obviamente se van a ver abocados a hacer un expediente de extinción para esas personas que no van a tener ocupación efectiva», añadió.

Por su parte, el letrado del comité de empresa, Francisco Reina, indicó que existe «una incertidumbre importante» respecto a cómo se seguirá desarrollando la actividad hotelera del complejo. «A partir de ahora, la verdad es que las instalaciones pueden quedar seriamente hipotecadas respecto a su continuidad. Habrá que escuchar a la explotadora, a Grisoma, a ver en que medida puede llevar a cabo el servicio, teniendo en cuenta el contratiempo que representa desposeerlo de una serie de infraestructuras necesarias para la actividad hotelera. Habrá que ver qué alternativas plantean cara a que pueda continuar la actividad laboral y por ende, el mantenimiento de los puestos de trabajo», recalcó.

Respecto a un posible acuerdo entre las partes que finalmente no se ha producido, Reina aseguró que se pusieron sobre la mesa «propuestas descabelladas». «Ante esto se entiende que no hay voluntad previa de entendimiento y a toda costa lo que se pretende es llevar a cabo la toma de posesión con el consiguiente lanzamiento».

En este sentido, apuntó que existen «bastantes discrepancias» con respecto a la titularidad de estos locales. «Por el conocimiento que podemos tener de los procedimientos que actualmente hay abiertos en los juzgados, podríamos decir que ninguna de las partes tiene la exclusividad. Los tribunales tendrán que poner orden en todo este asunto».