El Ayuntamiento de Marbella llevará al Supremo el conflicto de las terrazas de Puerto Banús

Los servicios jurídicos municipales están ya estudiando el caso y deberán interponer el recurso de casación antes de final de año, teniendo en cuenta que el plazo es de 30 días a partir de la notificación. De este modo, el Ayuntamiento defenderá mantener el 'statu quo' de estos espacios y no pondrá en marcha la maquinaria administrativa para legalizar los viales en los que se encuentran las terrazas si la sentencia no deviene en firme, ya sea mediante un fallo en el mismo sentido o mediante la inadmisión del recurso de casación.

El TSJA es la instancia más alta que se ha pronunciado en este caso en el que ha habido sentencias en distintos sentidos de juzgados de primera instancia y de la Audiencia Provincial. El tribunal andaluz sostiene que ya ha habido «una recepción tácita» de los viales por parte del Ayuntamiento y que se debe dar cumplimiento a un acuerdo plenario de 11 de julio de 1996 en el que se aprobó el inicio del expediente para «legalizar la zona», además de acordarse que «los viales de Puerto Banús son de uso y dominio público» y la eliminación de las barreras que hasta entonces impedían su uso. La legalidad de esta decisión tiene rango de sentencia firme después de lo llevara al Supremo Puerto Banús SA, la empresa que explota la emblemática marina.

Para la mercantil, «el fallo se limita a obligar al Ayuntamiento a incoar dicho expediente para legalizar la zona destinada a viario ocupada por las terrazas», pero «sin prejuzgar su naturaleza jurídica definitiva», ni los «derechos existentes»; unas cuestiones estas que «quedan expresamente fuera del pronunciamiento judicial actual». Puerto Banús SA señala que esas «cuestiones de titularidad deberán discutirse y resolverse dentro del procedimiento administrativo que ahora debe incoarse».

«La sentencia únicamente restablece la legalidad procedimental y garantiza que se tramite el expediente en el que, con plena contradicción de las partes, podrá analizarse en su momento la titularidad, la naturaleza jurídica de los terrenos y los derechos existentes, cuestiones que quedan expresamente fuera del pronunciamiento judicial actual», agregan desde la empresa.

Puerto Banús SA resalta que el TSJA «estima el recurso por ineficacia administrativa» al considerar que el Ayuntamiento debería haber iniciado el expediente para incorporar los viales al patrimonio municipal.

BGI Law, despacho que ha representado a los comerciantes, se han mostrado «muy satisfechos» con una sentencia que califican como «de una enorme trascendencia, ya que pondría fin al conflicto que muchos comerciantes mantienen con Puerto Banús SA sobre el cobro por el uso de las terrazas», defendiendo desde hace años que son viales municipales. Para la firma de abogados, «la sentencia refuerza la idea de que los viales tienen carácter de dominio público y que, por tanto, sería el Ayuntamiento y no Puerto Banús SA quien debería cobrar por su ocupación».

BGI Law apunta que el fallo judicial «se basa fundamentalmente en la eficacia» del acuerdo plenario de 1996 que declaró «públicos» los viales y acordó abrir el expediente de legalización cuya legalidad, y subraya que esta decisión del pleno del Ayuntamiento ya fue avalada por el Tribunal Supremo.