Málaga, a la cabeza en expedientes abiertos por acoso escolar en Andalucía en 2024

No consta ningún caso en la provincia de Sevilla donde este pasado 15 de octubre una joven -alumna del colegio concertado las Irlandesas Loreto que había denunciado en el centro que era víctima de bulling- se suicidó.

En la memoria de la Fiscalía se señala que «todas las secciones de menores vienen a indicar, como se reitera memoria tras memoria, que la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial». En el balance de la actividad desplegada por la Fiscalía Superior de Andalucía en 2023, la institución judicial llamaba la atención sobre «la preocupación por este tema».

Sobre el último caso de Sevilla, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado esta semana de que el colegio Irlandesas Loreto no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. Además, apostillaba que derivará a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo con los consiguientes requerimientos para depurar las posibles responsabilidades.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla. La Defensoría ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. «Los protocolos tienen que funcionar», ha remarcado.

En relación con las medidas que despliega la Junta ante este tipo de conductas, la Administración defiende la «eficacia de los protocolos». Se basa en cifras como las registradas en el curso 2022/2023 en el que se efectuaron 2.700 activaciones del protocolo de acoso escolar en el sistema público Séneca, de las cuales medio millar finalmente se confirmó como acoso.

El citado protocolo recoge que «cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo».

Tras esta comunicación, «se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda». La realización de esta reunión deberá registrarse «por escrito», especificando la información recogida y las actuaciones acordadas. «En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación», apostilla el documento.

En caso de estimarse «necesario», se adoptarán las «medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones», establece el protocolo. Medidas que «garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda; y medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador».