El fango de la política se traslada a los juzgados

Los grandes asuntos políticos de esta legislatura se van a decidir en una sala de vistas, que es donde va a residir por desgracia la ... soberanía popular. Todo está disparatado. La política se decide entre togas. La situación de putrefacción democrática a la que se ha llegado parece no tener fin. La ley de amnistía lo solapa todo, lo condiciona todo, lo enfanga todo. Y lo peor es que se ha desatado una guerra abierta no ya entre políticos, sino entre las más altas instancias judiciales del país. La politización de la justicia ha derivado en esto. De esos polvos, esos lodos. Ya no hay disimulo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que siente que el primero no actúa como un tribunal de garantías constitucionales, sino como una segunda instancia. Y ese sentimiento es muy grave. El 7 a 4 del Constitucional empieza a ser un resultado que puede parecer amañado, porque siempre se da el mismo. Los siete progresistas contra los cuatro conservadores. Que haya esa etiqueta es mortal para la imparcialidad que se le debe suponer a unos magistrados. Y ojo, no quiere eso decir que los progresistas sean los que siempre actúen coincidiendo con los deseos del Gobierno, pues se puede decir exactamente lo mismo de los conservadores, que siempre lo hacen coincidiendo con los deseos del Partido Popular. Se han cargado la imagen de la Justicia. Y se hace de una manera grosera, pues no es normal que se coloque a un exministro socialista y a una exalto cargo del Gobierno en el mismísimo Tribunal Constitucional. Para salir corriendo. También se da la sensación de que hay un pulso entre jueces y el propio Ejecutivo. Ahí está el ejemplo del juez García Castellón, que se ha erigido como el bastión para detener la idea de Pedro Sánchez de amnistiar a Puigdemont, ya que mantiene con más vehemencia que pudo cometer un delito de terrorismo porque está detrás de tsunami democratic, la banda que asaltó el aeropuerto de Barcelona durante los días del procès. El Gobierno se pone nervioso porque sabe que en Europa no van a dejar pasar que se perdone y se le pida perdón a un procesado por terrorismo. Y es que estamos en esas, aunque se quiera normalizar lo que para nada es normal: España está en manos de un fugado que a día de hoy está procesado por terrorismo. El Gobierno negocia con un presunto terrorista. ¿Dónde ocurre eso? No se despiste, ésta sigue siendo la realidad. Que no le cuenten vainas de la convivencia y otras bobadas, que esto se hace por lo que se hace. Y así está el país, en un sinvivir en cada votación a la espera de la cesión de la semana que de una manera irrevocable acabará en una sala de vistas para decidir si es legal. La putrefacción llega a la mismísima presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que es la tercera autoridad del Estado y que debe mantener una postura de imparcialidad ante todos los grupos parlamentarios. Y no parece que lo haga cuando ha mantenido en un cajón un informe de los letrados de la Cámara poniendo en duda la constitucionalidad de la ley de amnistía, pese a la postura de su jefe, el letrado enchufado mayor del Congreso, que no hay que olvidar que pertenece al PSOE. Armengol debe ser un árbitro imparcial, aunque hace méritos para formar parte de la banda del inefable Negreira.