Empresas del ‘caso Edu’ recibieron un aluvión de ayudas de la Junta antes de las elecciones

Durante un análisis que realizaron los agentes de la Policía Nacional sobre las resoluciones dictadas por la Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo, les llamó «poderosamente la atención» el hecho de que en el primer trimestre de 2011 se multiplicó «exponencialmente» el número de estas disposiciones de la Junta. Solo entre enero y marzo del citado año, se registraron once concesiones, cuyos fondos ascienden a más de 414 millones de euros, se precisa en el documento.

Siempre según se recoge en el informe del Cuerpo Nacional de Policía, una fecha destacada en el análisis de los agentes responde al 31 de enero de 2011. Solo ese día se concedieron 128,7 millones de euros, y, entre los beneficiados, habría varias de las personas físicas o jurídicas sobre a las que la Justicia investiga en el caso Edu, que dirige el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga.

El hecho de que estas concesiones coincidiesen con un año electoral no habría sido una coincidencia para los policías nacionales, que hablan de «falta de control» ante el incumplimiento de los requisitos para obtener las subvenciones. La Policía está convencida de que las ayudas para los cursos de formación que dieron origen a esta operación se adjudicaron «a dedo».

En el informe, los efectivos de la UDEF hablan de que se habría creado una red clientelar supuestamente basada en la concesión de las subvenciones para los cursos de formación con compromiso de contratación. El objetivo, según el escrito, «no es más que un modo de obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza», además, con un coste «realmente reducido», ya que el 80 por ciento de las ayudas eran aportadas por la Unión Europea.

El documento asegura que, entre los beneficiados de las ayudas analizadas, hay muchos considerados de «perfil bajo». Se trata de pequeños autónomos y empresas de ámbito local «de escasa repercusión económica y de poco factor de empleabilidad». En este sentido, los policías destacan el número de peluquerías y autoescuelas, que es «realmente sorprendente».

Pero el informe de la UDEF no se queda ahí y apunta que la «proximidad ideológica» habría facilitado el acceso a este tipo de subvenciones para ciertos beneficiados. Asegura que se ha detectado que éstos o sus familiares son personas próximas a determinados partidos políticos o sindicatos. Incluso señala que, en ocasiones, los mismos son empleados de entidades como la Consejería de Educación, alguna diputación provincial o ayuntamientos.

Por otro lado, los agentes observaron que también existían empresas o estructuras societarias que se beneficiaban ilícitamente del sistema. De hecho, entre las 17 entidades investigadas respecto a la resolución de 2010 por la que se comenzó la investigación, detectaron que algunas de ellas se crearon solo unos días antes de recibir las subvenciones. Otras empresas se dieron de alta en la Seguridad Social días antes de obtener las ayudas y alguna incluso estaba de baja cuando la percibió, inscribiéndose más tarde.

Los agentes de la UDEF manejan la hipótesis de que algunas de estas sociedades se crearon ad hoc para conseguir las ayudas y hablan en sus informes de empresas cazasubvenciones, que buscan fondos públicos en distintas provincias sin desarrollar actividad real en las mismas. Alguna de ellas había dejado literalmente de existir tras conseguir el dinero.

Son algunos de los aspectos que plasmaban los agentes en un informe inicial de la investigación del caso Edu, por el que esta semana han sido detenidas nueve personas en Málaga y otras cuatro en Granada. Se trata de empresarios relacionados con supuestas irregularidades en las empresas beneficiadas por las ayudas. Pese a ello, la UDEF y la Fiscalía también apuntan a que podría haberse dado tráfico de influencias en la concesión de las subvenciones, por lo que apuntan a algún alto cargo de la Junta, según ha podido saber SUR.