Los promotores acogen positivamente que la Junta agilice trámites urbanísticos

Los empresarios malagueños del sector de la construcción han acogido positivamente el anuncio que realizó el pasado lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el foro de SUR en el que avanzó que agilizará los trámites de los proyectos urbanísticos aplicando el silencio positivo. Es decir, si la Administración regional no contesta a las consultas de los ayuntamientos en 15 días, estos tendrán libertad para seguir adelante con los expedientes. La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) ha recibido positivamente este anuncio y ha exigido a la Administración regional que tome conciencia del problema que supone para los inversores que no cumpla con sus obligaciones a la hora de responderles. «Para los empresarios lo más importante es tener unos plazos ciertos. El problema de Málaga para invertir es que sabes cuándo empiezas pero nunca cuándo acabas, y eso no lo puede asumir inversor alguno», declaró la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, quien agregó que el hecho de que algunos trámites pasen a tener un silencio positivo supondrá una «clarificación de los plazos de tramitación que vendrá a facilitar las inversiones».

«Cualquier intento de agilización va a venir bien», opinó Aragón, quien también reclamó al nuevo Gobierno andaluz que retome cuanto antes la aprobación de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para dar respuesta a una de las principales reivindicaciones de los promotores, que es que la licencia de primera ocupación de las nuevas construcciones pueda solicitarse mediante una declaración responsable o con silencio positivo. «No es normal es que tengamos que esperar meses para poner en funcionamiento una obra que está acabada. Es algo inviable para cualquier sistema productivo», añadió.

El presidente de la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos, Vicente Seguí, mostró sus reservas a la hora de pronunciarse sobre el anuncio de Juanma Moreno. «El silencio positivo no puede existir legalmente, porque ya hay sentencias del Tribunal Supremo que han dejado sentado que esa falta de respuesta en plazo por parte de la administración no puede amparar obras que son ilegales», explicó Seguí, quien agregó que «puede ser razonable» la intención del nuevo Gobierno andaluz de agilizar los trámites urbanísticos «pero habrá que ver cómo se articula eso». «El presidente ha dicho que el silencio positivo se aplicará siempre que sea legal... ¿eso cómo se come?», afirmó.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, insistió ayer en que la Consejería de Fomento «se ve capaz» de informar positiva o negativamente de un determinado proyecto urbanístico en un plazo no superior a 15 días. «No podemos dejar que pase ese plazo porque estaríamos en una contradicción», remarcó.

Los informes regionales respecto a cuestiones medioambientales centran las críticas de ayuntamientos y empresarios por su demora. En el caso de los pronunciamientos relacionados con el dominio público hidráulico, como los relativos al riesgo de inundación, no opera el silencio positivo, por lo que los expedientes no pueden avanzar aunque pasen los tres meses de que dispone la Junta para contestar. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aclaró ayer que los asuntos de inundabilidad también pasarían a gestionarse con silencio positivo. Asimismo, también son frecuentes las quejas por los retrasos en las obligatorias evaluaciones ambientales por las que, por imperativo de la Junta desde 2017, deben pasar un mayor número de proyectos urbanísticos.