Málaga da el primer paso para modificar el impuesto de la plusvalía
El Ayuntamiento abre un periodo de sugerencias antes de modificar la ordenanza para adaptarla a la nueva norma estatal aprobada tras la sentencia del Constitucional
Si el Gobierno pisó el acelerador para aprobar el pasado lunes por la vía rápida la reforma del impuesto de la plusvalía municipal para salvar ... la suspensión del tributo ordenada por el Tribunal Constitucional el 26 de octubre y así evitar un roto en las cuentas de los municipios, el Ayuntamiento de Málaga tampoco se queda atrás a la hora de adaptar su normativa pese a los seis meses que tiene de margen. El primer paso lo acaba de dar sometiendo a consulta pública la modificación de la ordenanza que regula el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), que es el gravamen que hay que abonar cuando cada vez que se vende o hereda un inmueble. A través del portal web Málaga Contesta, cualquier persona u organización tiene hasta el próximo día 18 para realizar aportaciones que considere oportunas.
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De momento, se trata únicamente de eso, de recabar sugerencias tal y como establece el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por lo que aún es pronto para saber si la ordenanza será un calco del decreto que modifica la Ley de Haciendas Locales o si introducirá alguna variación aprovechando el margen de maniobra que le deja la norma estatal.
El cambio legal consiste en introducir dos nuevos métodos de cálculo del tributo, después de que el Constitucional anulara el vigente porque siempre registraba incremento del valor del suelo en el momento de la transmisión independientemente de lo que marcara el mercado inmobiliario.
El decreto ofrece dos opciones diferentes para pagar la plusvalía. El importe a pagar se podrá calcular en función de la diferencia entre la compra y la venta o mediante unos nuevos coeficientes catastrales que se irán actualizando cada año para ir acompasados a la realidad del mercado. En el ámbito municipal, el decreto estatal contempla que los ayuntamientos podrán rebajar el valor catastral del terreno hasta un 15% sólo para este tributo para acercarlo lo máximo posible a los valores de mercado.
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