Los empresarios de Málaga rechazan la amnistía y los sindicatos la respaldan

El presidente de la CEM y de la CEA, Javier González de Lara, alertó de que los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura de Pedro Sánchez generan «una inseguridad jurídica e institucional tremendamente preocupante» y en línea con lo expresado por la CEOE en un comunicado de su comité ejecutivo –del que el malagueño forma parte– subrayó que los pactos «menoscaban» la separación de poderes.

«Los empresarios estamos con el Estado de Derecho, con la Constitución, con la separación de poderes, con la monarquía parlamentaria y con la igualdad de todos los españoles. Los acuerdos firmados son contrarios a todo esto y generan una inseguridad jurídica no sólo para las empresas sino que puede romper la igualdad entre los españoles y supone un duro castigo la separación de poderes», remarcó González de Lara en declaraciones a SUR.

En esa línea, el presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos, sostuvo que hay «muchísima» preocupación en el sector económico malagueño por unos acuerdos que suponen «cambiar por la puerta de atrás nuestro sistema constitucional y romper el principio de igualdad al reconocer que haya comunidades que tengan privilegios».

«¿Para que haya un gobierno tenemos que llegar a estos extremos?», se preguntó Cuberos, quien alertó de que esta situación puede afectar a las inversiones en el país y, por ende, en la provincia en un momento donde la economía europea y mundial está «en una suave caída».

Desde Cesur, una asociación integrada por empresarios y directivos de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla y en cuya junta directiva están malagueños como el abogado Manuel Atencia y el CEO de Trops, Enrique Colilles, también mostraron en un comunicado su rechazo a estos acuerdos porque suponen «la ruptura con la Constitución» e insistieron en los efectos que tendrá sobre la inversión ya que «en los últimos días se han paralizado ya varios proyectos de inversión millonaria en el sur de España que deberían de generar miles de nuevos empleos».

Desde CSIF Málaga, su presidente, Francisco Javier Domínguez, se remitió al comunicado nacional del sindicato en el que se defiende «la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia judicial y el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad en toda España».

Por su parte, la secretaria general de UGT en Málaga, Soledad Ruiz, manifestó que la amnistía «puede ser una aportación al diálogo y a la normalización de la situación política en Cataluña», mientras que su homólogo de CCOO en la provincia, Fernando Muñoz, dijo que el acuerdo de PSOE y Junts supone que «partidos que en 2017 se salieron de la Constitución incumpliendo el ordenamiento jurídico van a volver dentro de la Constitución».

Ruiz añadió que su sindicato estará pendiente a cómo se materializan los acuerdos, sobre todo en lo que afecta a cuestiones laborales en materia de convenios o de la Seguridad Social.

Sobre una posible una huelga general –el sindicato Solidaridad vinculado a Vox ha convocado una para el día 24–, los sindicatos y empresarios malagueños coincidieron en que no hay motivos.

Soledad Ruiz sostuvo que las huelgas generales tienen que tener «una motivación laboral y no política», mientras que Fernando Muñoz recordó que deben cumplirse unos procedimientos en cuanto a plazos y trámites que en el caso de la convocatoria de Solidaridad «no se cumplen».

Los empresarios incidieron en que ellos no están facultados jurídicamente para convocar una huelga ya que sería «ilegal» y pusieron en valor que la sociedad civil se manifieste como ocurrió el domingo y lo haga siempre de manera pacífica. Cesur, por su parte, sí se posicionó a favor de la huelga general «si fuera necesario» y «dentro de la legalidad».