El edificio de Hacienda en Málaga: dos años vacío, sin obras a la vista y 1,9 millones anuales en alquileres

Mientras tanto, cada ejercicio salen de las arcas públicas 1,9 millones en concepto de arrendamiento de los cuatro locales donde están repartidas las oficinas (Málaga Plaza, antiguo Gaybo en Héroe de Sostoa y el edificio Rialto de la calle Hilera por parte de la Agencia Tributaria; y otro con fachada a la avenida de Andalucía y a la calle Compositor Lehmberg Ruiz por parte del Ministerio de Hacienda). Esos contratos fueron suscritos con una duración inicial de siete años (hasta 2025), aunque se dejó la puerta abierta a sucesivas prórrogas de hasta tres años más en función de cuándo se acometa la rehabilitación integral de este emblemático edificio.

Una ampliación de los arrendamientos más que probable, en vista del retraso acumulado entre el acondicionamiento de las nuevas ubicaciones, el traslado de todo el personal y el causado por la pandemia en los trabajos de demolición interior de todo el revestimiento de los techos y tabiques para dejar a la vista la estructura y hacer un diagnóstico más preciso sobre el alcance del debilitamiento que presenta desde su construcción a finales de la década de los 70.

Esta actuación, adjudicada por 684.640 euros, concluyó en octubre de 2020 y daba paso al siguiente hito: la redacción del estudio básico y del proyecto de ejecución (353.671 euros) de la reforma integral de este inmueble de 15 plantas (11 en superficie, una de semisótano y tres bajo tierra) y 22.832 metros cuadrados construidos. El problema es que a la Agencia Tributaria se le ha ido todo 2021 sin contratar la elaboración de estos informes, después de que la licitación activada en febrero tuviera que repetirse en junio tras el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de Málaga porque en el pliego de condiciones se excluía a estos profesionales para presentarse al concurso.

Según informan desde el órgano estatal, estos trabajos de ingeniería están a punto de ser adjudicados una vez que el pasado 13 de diciembre se emitió el informe final de valoración de ofertas. Una vez se formalice el contrato y se firme el acta de inicio (apunta a marzo), la adjudicataria tendrá diez meses de margen, por lo que no estarán listos hasta finales de este año o comienzos de 2023. De forma paralela, también está pendiente de adjudicación la redacción del proyecto de acondicionamiento posterior de las instalaciones (214.346 euros) para distribuir los 670 puestos de trabajo, con un plazo máximo de ocho meses, por lo que la previsión es que ambos estén listos prácticamente a la vez.

A partir de ahí, habría que sacar a concurso la ejecución de las obras, unos trámites que entre el plazo de recepción de ofertas, el estudio de las mismas (se espera una concurrencia alta de empresas interesadas dado el montante de la inversión), la adjudicación y la firma del contrato se comerían no menos de seis meses. Con el calendario en la mano, se antoja difícil que la vuelta del personal sea antes de 2026.

Hasta entonces no se podrá calcular con exactitud el coste de la puesta a punto del edificio, aunque los informes técnicos de la Agencia Tributaria apuntan a 23 millones de euros. De ese montante, 13,8 corresponderían al refuerzo estructural del inmueble, la reforma integral y las mejoras en materia de seguridad contra incendios, eficiencia energética o accesibilidad; mientras que los 9,2 millones restantes se destinarían a la posterior adaptación de las instalaciones para sus respectivos usos (atención al cliente, despachos, almacenes,…).

De confirmarse este montante, entre los gastos técnicos, los alquileres y las obras en sí, la factura final se situará en torno a los 40 millones de euros. «Va a ser la obra más ineficiente de la historia de Málaga», afirman desde la junta de personal de los técnicos de Hacienda, donde desde un principio han puesto en duda la viabilidad económica y administrativa de desalojar el edificio y dispersar todos los departamentos. En este sentido, los representantes sindicales consideran que «lo más lógico hubiera sido ejecutar las obras por fases».

La necesidad de acometer esta obra se plasmó tras un estudio de patologías realizado en junio de 2017, en el que se advertía de que «bajo las condiciones actuales los forjados no pueden garantizar las condiciones de seguridad y estabilidad de la estructura del inmueble» y de que «el hecho de que hasta el momento no se haya producido el colapso es que en ningún momento se han superado las cargas límite de los forjados». Estos daños no afectan a la cimentación y desde un primer momento se desvincularon de las obras del metro, pero sí que obligaron a adoptar medidas preventivas como apuntalar los sótanos y reubicar varios departamentos para limitar el aforo en algunas zonas mientras se activaba la búsqueda de locales para trasladar al personal.