Los riesgos de la oposición en el hotel de Moneo

Se la juega también el equipo de gobierno municipal porque se vería derrotado por la oposición en su afán por dar marcha atrás a este proyecto y al convenio urbanístico que lo soporta, lo que aprobó el pleno del mes de febrero sin que finalmente se haya llevado a cabo por los informes contrarios recabados hasta ahora por el Ejecutivo local. Tampoco hay que olvidar que, en el caso de salvarse el hotel y obtener Braser la financiación prevista, el Ayuntamiento podría ingresar los 4,8 millones de euros que aún le debe a cuenta del convenio, cantidad que podría elevarse a un cifra superior a los siete millones de euros si se le suman los intereses y recargos calculados por el organismo de GestiónTributaria.

Y se la juegan también los concejales de la oposición, que con sus votos en el consejo de Urbanismo, tienen la potestad de tumbar el proyecto de urbanización para la zona y, con ello, bloquear la licencia de obras. Esa maniobra, en la que la única incógnita sin despejar aún totalmente es la postura que adopte finalmente el grupo de Ciudadanos, que ahora supedita su abstención, para que el proyecto pueda salir adelante, a que el promotor aporte un aval bancario por el importe de la deuda total que le reclama el Ayuntamiento, también tiene sus riesgos. Así lo deja ver un informe elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento que, según ha podido conocer este periódico, no descarta que los concejales que forman parte del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo tengan que responder con su patrimonio en la hipótesis de que el Consistorio se vea obligado a indemnizar a Braser porque, pese a contar con informes técnicos positivos, bloquean el proyecto y la empresa termina reclamando daños y perjuicios por ello a la Administración local.

A petición del alcalde, Francisco de la Torre, la Secretaría municipal ha efectuado un análisis de las responsabilidades en las que podrían incurrir los miembros de la corporación municipal, tanto a nivel individual como colectivo, si decidieran votar en contra de la aprobación del proyecto de urbanización para Hoyo de Esparteros, pese a contar con pronunciamientos técnicos favorables. Según se desprende de las conclusiones de este análisis jurídico, esta forma de actuar en este caso no les implicaría en principio responsabilidad penal alguna, pero sí podría dar pie a abrirles un expediente de responsabilidad patrimonial por parte del propio Consistorio en el supuesto de que, previamente, tuviera que indemnizar económicamente al promotor tras reclamarle éste el daño o perjuicio ocasionado por la anulación del proyecto de urbanización. Solo en ese supuesto, la Administración local podrá «exigir de oficio de sus autoridades la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves», apunta el informe del secretario general del Ayuntamiento, según fuentes consultadas por este periódico.

Así, en la hipótesis de que el Ayuntamiento se viera obligado a indemnizar a la promotora, cabría la posibilidad de que exigiera posteriormente responsabilidad por ello a los concejales que forman parte del consejo de Urbanismo, para lo que tendría que abrirse un expediente para recabar informes, pruebas, etcétera. A la hora de ponderar la responsabilidad de los ediles, se tendría en cuenta el daño producido o la existencia o no de intencionalidad. Una circunstancia que implica un riesgo para la oposición.