La policía considera que las ayudas del ‘caso Edu’ se adjudicaron «a dedo»

Para los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Junta obvió los requisitos para la concesión de las ayudas, y convirtió la excepción en norma. La lectura que saca la policía es que las ayudas para la formación funcionaban en Andalucía como una convocatoria abierta a la que se podía acceder en cualquier momento.

Prueba de ello es que, en un sondeo realizado en la provincia de Málaga, los investigadores encontraron varias resoluciones diferentes en un mismo año en las que se habían concedido, en total, seis millones de euros en subvenciones para impartir cursos de formación con compromiso de contratación.

Sin competencia

Los informes de la UDEF coinciden con las conclusiones a las que llegó la Cámara de Cuentas de Andalucía, que detectó que el Gobierno autonómico había otorgado 297 millones de euros en ayudas durante los años 2009 y 2010 utilizando la misma vía de la concurrencia no competitiva.

La investigación, de la que se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, trata ahora de profundizar en la posible responsabilidad de la Administración. De hecho, la Fiscalía, que observa entre otros supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, ha pedido que se cite como imputados a funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las ayudas. El representante del Ministerio Público se apoya en los informes elaborados por los agentes de la UDEF, que sospechan que podría haber existido tráfico de influencias en la concesión de las subvenciones y apuntan a un alto cargo y un técnico de la Junta, según ha podido saber SUR.

Las pesquisas policiales se centran ahora en desentrañar los posibles vínculos entre estos miembros del Gobierno autonómico y dos de los beneficiarios de las ayudas concedidas en la resolución del 15 de diciembre de 2010, que tuvo un importe total de 1.722.558 euros.

Los agentes se apoyan en gran medida en los testimonios de los 200 alumnos y los 30 profesores interrogados durante la investigación. Uno de ellos manifestó que el dueño de una de las entidades investigadas se jactaba de tener una gran amistad con un responsable de la concesión de las subvenciones, según las fuentes consultadas. Al parecer, el mismo empresario habría confesado a uno de los tutores a los que contrató que le habían concedido numerosos cursos por su relación con un consejero. La policía comprobó que su empresa y las de su entorno familiar recibieron al menos 500.000 euros en ayudas en los últimos años.

Los investigadores también indagan en la relación entre un técnico de la Junta y otro de los beneficiarios de los cursos, al que, según las pesquisas, le uniría una relación de confianza. Los agentes tratan de averiguar si eso habría influido en la gestión de los expedientes, como sugieren las declaraciones de varios alumnos y tutores de los cursos, que aseguran que el funcionario no habría actuado ante las quejas que le trasladaron.