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La Universidad de Málaga (UMA) ha recibido en solo un día 1.899 solicitudes de desplazamiento de alumnos suyos, que regresaron a sus domicilios familiares en otras provincias españolas tras obtener un permiso excepcional durante las primeras semanas del estado de alarma. Concretamente, proceden de 49 provincias españolas. No obstante, la cifra podría crecer algo más, ya que tras cerrarse el plazo ayer, aún seguían goteando solicitudes.
Una avalancha que ha sorprendido al mismo Vicerrectorado de Estudiantes, que dio apenas 24 horas a los afectados para que pudieran comunicar su petición. Pero, ¿por qué un plazo tan corto? El presidente de la sectorial de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La mancha, Miguel Ángel Collado, pidió esta semana de manera urgente a todas las universidades españolas una estimación de cuántos alumnos tendrían necesidad de desplazarse a sus residencias o pisos de estudiantes para recoger material de estudio cara a los próximos exámenes o enseres personales para poder liquidar contratos de alquiler pendientes. Todo ello con el objetivo de informar al Ministerio de Sanidad para que articule algún procedimiento que posibilite autorizar estos traslados entre provincias aún cuando no están permitidos por las fases de desescalada en la que se encuentran.
Desde que a principios de abril la Delegación del Gobierno en Andalucía emitió las autorizaciones para que estos universitarios pudieran regresar a sus domicilios familiares en otros municipios y provincias, ante un encadenamiento de prórrogas del estado de alarma con el que no contaban, no se ha vuelto permitir ningún regreso a las ciudades donde estudian la carrera. Ir a casa entonces estaba justificado, pero regresar ahora a los pisos y residencias estudiantiles para recoger sus pertenencias, no. Fue la instrucción que dictó el Ministerio de Interior y que levantó ampollas entre la comunidad universitaria. Por un lado, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) lanzó en redes sociales la campaña #QuieroMisApuntes y, por otro, desde la CRUE se presionó al Gobierno para que modificase de nuevo el criterio, por considerar «plenamente justificado y dentro del marco legal vigente su desplazamiento (naturalmente de manera ordenada y puntual)», expusieron en una carta remitida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Desde el 8 de abril en que se permitieron los primeros desplazamientos, me consta que desde la dirección general de Universidades de la Junta de Andalucía y la propia CRUE no se ha dejado de insistir para que se atiendan estas solicitudes», aclara José Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes de la UMA.
Sin embargo, pese a la incertidumbre que pesa sobre estos universitarios, las declaraciones realizadas a principios de este mes por el ministro de Universidades, Manuel Castells, en relación a este asunto solo han servido para echar más leña al fuego. Castells dijo en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso que cuando empezó el estado de alarma muchos estudiantes «se fueron alegremente con sus familias» o «a lugares más divertidos que el lugar donde estaban estudiando», algo «totalmente comprensible» en su opinión, pero dejándose «en sus residencias o pisos alquilados los portátiles, los apuntes o libros que necesitan para realizar los exámenes». «Problemita, ahora llegan los exámenes y cómo los preparan sin lo que se dejaron allí», apostilló el ministro de Universidades. Castells explicó después que ha tratado el asunto tanto con el Ministerio del Interior como el de Sanidad para intentar que los estudiantes puedan regresar a sus residencias a recoger material de estudio y pertenencias. «Pero la respuesta es que todavía no», aseguró.
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) consideró «una falta de respeto al estudiantado» estas declaraciones. Tal fue la indignación, que desde esta organización enviaron una carta al ministro para mostrar el «malestar» que habían provocado sus palabras. «Ni el tono ni el fondo del mensaje fue el apropiado, mostrando a nuestro colectivo como un agente superficial e infravalorando una situación atípica, extraordinaria y perjudicial», afirma en la misiva. «Muchos estudiantes conviven con personas de riesgo que han necesitado su ayuda para sobrellevar la pandemia o poseen hermanos o hermanas pequeñas a las que han tenido que ayudar en su desarrollo del curso, debido a que sus progenitores teletrabajan o forman parte de los servicios esenciales«, declaró su presidenta en funciones, Carolina García.
En España, hay actualmente más de 100.000 universitarios que estudian lejos de sus comunidades autónomas de origen, según datos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).
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