Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, responde a la Fiscalía: «El escrito está lleno de errores»

El Ministerio Público les atribuye delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. En concreto, pide cinco años de cárcel, ocho de inhabilitación y el pago de 42.000 euros cada una en concepto de indemnización al Ayuntamiento de Ronda. Según el escrito, bajo sus mandatos se autorizaron contrataciones sin procedimiento, facturas abonadas sin respaldo legal y retribuciones salariales indebidas que habrían supuesto un perjuicio de más de 86.000 euros para las arcas municipales.

La regidora recordó que ya existen resoluciones judiciales y administrativas que, en su opinión, desmontan los argumentos del fiscal. Mencionó la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, que archivó la causa hace unos años al no apreciar delito, y otra resolución de marzo de 2025 en la que la misma jueza concluía que ni ella ni Valdenebro tenían conocimiento de las órdenes de pago cuestionadas. A esto sumó el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, que investigó la gestión de Soliarsa durante cuatro años y cerró el expediente «sin detectar ilegalidades».

En su intervención, Fernández se detuvo en tres puntos que considera especialmente graves. El primero, la imputación de incrementos salariales en 2018, cuando todavía no había regresado a la alcaldía ni presidía el consejo de administración de Soliarsa. «Era imposible que yo diera esa orden ni ejecutara esa acción porque no ocupaba el cargo», subrayó, denunciando que la Fiscalía le atribuye «delitos por hechos que no pudieron producirse».

El segundo aspecto señalado fue el relativo a las cestas de Navidad que se entregan a los trabajadores de la empresa municipal. Según la alcaldesa, este beneficio está recogido en el convenio colectivo y, además, existe una sentencia del Tribunal de lo Social que obliga a abonarlas cada año. «No puede ser bajo ningún concepto un delito cumplir una sentencia», remarcó.

El tercer punto de discrepancia se refiere a las contrataciones de personal y adjudicaciones de servicios. Fernández recordó que ya fueron revisadas tanto por la jueza instructora como por el Tribunal de Cuentas, que no apreciaron irregularidades. La regidora no termina de entender cómo el fiscal vuelve a plantear estas cuestiones cuando ya han sido archivadas en diferentes instancias.

Por otro lado, la alcaldesa reconoció que la acusación supone un duro golpe personal y político. «Imagínense lo que supone para mí, para mi familia, para mis compañeros», confesó, al tiempo que reiteró su disposición a defenderse en los tribunales. Asimismo, confirmó que van a esperar a los recursos y tras eso irán a la Audiencia Provincial: «Y si es necesario, a juicio, donde contaremos la verdad sin ningún tipo de problema».

Fernández insistió en que su situación y la de su antecesora, María Teresa Valdenebro, es «muy injusta», porque el escrito de la Fiscalía «se basa en errores muy graves» y en hechos que ya fueron revisados por otros órganos. «Tendremos que aguantar este tiempo hasta que se demuestre la verdad», concluyó, confiada en que las resoluciones judiciales futuras corrijan lo que considera un exceso del Ministerio Público.