Archivada la denuncia contra el Ayuntamiento de Ronda por la retirada de ordenadores tras una filtración de examen

Los hechos se remontan a junio de 2024, cuando el tribunal de selección que evaluaba una oposición para plazas de auxiliar administrativo detectó calificaciones especialmente altas en dos aspirantes con vínculos familiares con un técnico del departamento de informática del propio Ayuntamiento. La sospecha de una posible filtración del examen motivó una respuesta inmediata por parte del área de Recursos Humanos.

El concejal ordenó entonces una auditoría informática y, ante el riesgo de destrucción de pruebas, dictó un decreto urgente para requisar todos los ordenadores del departamento. La Policía Local ejecutó esa orden el domingo 23 de junio, forzando el acceso a dependencias municipales al no disponer de las llaves y trasladando los equipos a la Jefatura para su custodia. La actuación quedó documentada y supervisada técnicamente.

A pesar de la actuación legalmente respaldada, el portavoz municipal socialista, Francisco Cañestro, denunció públicamente lo que calificó como una «entrada forzada» y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. La denuncia provocó una intensa cobertura mediática, incluida su aparición en medios de ámbito nacional. El caso quedó bautizado mediáticamente como el 'caso patada en la puerta', una etiqueta rechazada desde el equipo de gobierno por considerar que banalizaba una actuación de control y transparencia.

En su auto, al que este periódico ha tenido acceso, el juez subraya que la entrada en las instalaciones no fue un registro irregular sino el cumplimiento de un decreto legal y urgente para evitar el posible borrado remoto de pruebas. Reconoce que todos los implicados actuaron conforme a derecho, cumpliendo órdenes administrativas dentro del marco normativo que permite al Ayuntamiento inspeccionar sus servicios y salvaguardar la seguridad informática. Por tanto, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa por no quedar justificada la comisión de delito alguno.

El concejal de Personal, Ángel Martínez Páez, ha valorado públicamente la decisión judicial. Ha defendido que su actuación fue responsable y urgente para proteger el principio de igualdad en el acceso al empleo público. También ha acusado al PSOE local de judicializar el caso de forma irresponsable y ha anunciado que desde el Grupo Popular promoverán una moción de reprobación contra Francisco Cañestro, así como la posibilidad de emprender acciones legales por denuncia falsa.

Durante su intervención pública, Ángel Martínez lamentó que haya sido él quien haya recibido la denuncia, siendo precisamente quien impulsó la investigación para esclarecer posibles irregularidades. «Me pregunto por qué me denuncian a mí cuando fui el primero en actuar para garantizar la legalidad del proceso», afirmó, señalando además que uno de los beneficiarios de la presunta filtración era un miembro del PSOE de Ronda. También acusó al portavoz socialista de iniciar una «gira mediática» con este asunto mientras el equipo de gobierno trabajaba «con discreción y responsabilidad». Martínez defendió que su objetivo fue velar por los principios de igualdad y mérito en el acceso al empleo público y advirtió que no se tolerarán «ni un solo abuso más» en los procesos selectivos del Ayuntamiento.

La investigación sobre la presunta filtración del examen, no obstante, sigue abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda, donde se estudia la posible responsabilidad del funcionario informático que habría accedido al archivo del examen y compartido su contenido con su pareja y el hermano de esta. Los equipos incautados fueron entregados a la Policía Nacional y al Ministerio Fiscal, y la instrucción en ese juzgado continúa su curso.