El PSOE de Estepona pedirá en el próximo pleno la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio

Así lo ha señalado su portavoz, Emma Molina, que ha afirmado que «esta reclamación venimos realizándola desde hace tiempo y ya estaba incluida en nuestro programa electoral de 2023, donde planteábamos la posibilidad de rescatar y municipalizar de nuevo este servicio».

Estas declaraciones se realizan tras la manifestación que el pasado sábado 13 de septiembre recorrió las calles de Estepona, donde más de 200 personas entre trabajadoras del SAD, familiares y usuarios, pidieron dignificar su profesión, entre otras demandas laborales.

En Estepona, «el Servicio de Ayuda a Domicilio siempre ha sido de gestión pública y municipal hasta el año 2017 cuando el alcalde, José María García Urbano, decidió externalizarlo. Desde entonces se da la paradoja de que, aunque todas realizan el mismo trabajo, las trabajadoras están divididas entre dos convenios distintos, un grupo mantiene las condiciones laborales que tenían cuando el servicio era municipal, regidas por el convenio del Ayuntamiento y el resto, tras la externalización, se rige por el convenio estatal, mucho menos favorable», asegura Molina.

Molina se refiere en este sentido «a la desigualdad existente en las tablas salariales con diferencias de hasta 500 euros mensuales entre trabajadoras que desempeñan exactamente las mismas funciones. Desde el PSOE consideramos que esta situación es insostenible y que la mejor alternativa para acabar con la precariedad y dignificar las condiciones laborales es la municipalización del servicio».

Sobrecoste

La portavoz socialista afirma que «actualmente el Ayuntamiento destina a la ayuda a domicilio alrededor de 16 millones de euros cada cuatro años, unos 4 millones anuales, de los cuales más de 2,5 millones proceden de la subvención de la Junta de Andalucía, dentro del sistema de dependencia financiado por el Gobierno de España».

«Bajo nuestro criterio, el servicio externalizado resulta más caro porque a los 4 millones anuales hay que sumar un 6,5% de beneficio industrial para la empresa (260.000 €) y un 21% de IVA (840.000 €). En total, 1,1 millones de euros cada año se desvían en concepto de beneficio empresarial e impuestos, mientras que el coste real del servicio sin estos sobrecostes sería de 2,9 millones de euros. Con ese dinero se podrían equiparar los salarios de todas las trabajadoras y al mismo tiempo mejorar la calidad del servicio», ha afirmado.

Incertidumbre

La remunicipalización del servicio es algo que también ha sido demandado por las trabajadoras del SAD en Estepona, ya que consideran que su labor es «imprescindible para que las 730 personas que atendemos puedan mantenerse en sus casas con dignidad y cuidados adecuados y cada vez que cambia la empresa que gestiona este servicio somos las trabajadoras las que sufrimos la incertidumbre, los cambios en las condiciones laborales y la pérdida de derechos».

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Estepona formalizó un nuevo contrato en febrero de 2024 con la UTE OHL Servicios-Ingesan, de cuatro años de duración y con la posibilidad de ampliación de un año más por valor de 1,7 millones de euros.