Torremolinos comienza a regularizar pluses y reordena su personal público

Torremolinos ya ha iniciado el proceso de reordenación de su plantilla municipal, formada por cerca de mil personas. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada por unanimidad, trata de ajustar las funciones desempeñadas por los empleados a las necesidades del Ayuntamiento y sus empresas públicas. Este procedimiento, consensuado con los sindicatos, pone fin a un vacío legal prolongado desde hace casi tres décadas y ya ha tenido sus primeras consecuencias. El Consistorio ha destituido al coordinador del Área de Seguridad, designado por el PSOE pese a incumplir los requisitos necesarios para ocupar el cargo. Los socialistas, que gobiernan en minoría, pusieron en marcha la RPT, cuyas conclusiones son vinculantes y de obligado cumplimiento, poco después de llegar a la Alcaldía en 2015.

El PP, que lidera la oposición, no sale mejor parado de este procedimiento. Los populares, que durante sus veinte años de permanecieron en el gobierno nunca pusieron en marcha una RPT pese a las continuas reclamaciones de los sindicatos y en contra de una sentencia dictada en 2007, mantienen a dos secretarias en su grupo municipal aunque una de ellas figura como empleada del Ayuntamiento y no como cargo de confianza, condición que tienen el resto de secretarios de los grupos municipales. Esta trabajadora será reubicada en su área consistorial de procedencia.

La RPT, una herramienta contemplada en la ley de medidas para la reforma de la función pública y en el estatuto básico del empleado público, no conllevará despidos y permitirá que el personal del Ayuntamiento haga carrera administrativa y promoción interna mediante oposiciones, ya que la mayoría de trabajadores no tiene la condición de funcionarios. Esta situación permitió que, durante dos décadas, el anterior Gobierno municipal mantuviera a cientos de empleados encadenando contratos temporales durante años, en algunos casos hasta casi dos décadas, pese a que legalmente les correspondía la condición de indefinidos. El Ayuntamiento comenzó en septiembre de 2015 a regularizar esta situación reconociendo a cientos de empleados como indefinidos.

De forma arbitraria

La RPT también ajustará los complementos de productividad a la ley. Estas retribuciones, que en algunos casos alcanzan casi 2.000 euros al mes, llevan lustros otorgándose de forma arbitraria y mensual pese a que la ley especifica que deben tener carácter excepcional y no pueden ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. El Ayuntamiento ya ha regularizado más de una decena de complementos, según ha podido saber este periódico. A estos pluses se suman las retribuciones en concepto de «funciones superiores», complementos justificados por el desempeño de «trabajos de superior categoría». El Gobierno municipal también ha comenzado a regularizar estos pluses recibidos por varios trabajadores, entre ellos el exinterventor accidental. Como ocurre con la productividad, las retribuciones por funciones superiores alcanzan cifras elevadas, como los 1.866 euros mensuales asignados al asesor jurídico municipal nombrado por el PSOE.

Uno de los objetivos marcados por el alcalde, José Ortiz, es la convocatoria de oposiciones esta legislatura. En el pleno donde se aprobó la elaboración de una RPT, los socialistas recordaron que Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores habían solicitado la reconversión de los laborales temporales en indefinidos en 2006 y 2010, un reconocimiento recientemente puesto en marcha por el equipo de Gobierno. Costa del Sol Sí Puede defendió que «casi todos los municipios tienen una RPT» y criticó que el Consistorio parezca «una empresa familiar». El partido instrumental de Podemos, que en Torremolinos tiene tres concejales, aseguró que los propios empleados «nos han trasladado que hay gente haciendo el mismo trabajo y algunos que cobran más por ser amigo de alguien». El PP, con diez representantes, apoyó la moción pero alegó que la falta de una RPT «no significa que exista desorden o amiguismo».

El documento reconoce las circunstancias y casuísticas nacidas «extramuros de la legalidad» a lo largo de casi tres décadas, desde la constitución del Ayuntamiento, años en que se han ido incorporando empleados por motivos de aumento de población y de servicios y de competencias asumidas por la institución local. Estas circunstancias serán regularizadas mediante la convalidación y el reconocimiento de los derechos consolidados de los empleados.