Solicitan cárcel para dos funcionarios de Vélez-Málaga por supuestamente falsear documentos en unas oposiciones

Ambos documentos, que acreditaban supuestamente que había ejercido como asesor jurídico en el Consistorio de Vélez-Málaga durante una década, contaban con la firma de la entonces secretaría municipal y de la alcaldesa socialista, María Salomé Arroyo, aunque según figura en la investigación los documentos, que se remontan a 2011 y 2017, habrían sido falsificados, "ya que las firmas no eran autógrafas sino que fueron escaneadas de varias formas originales y realizadas mediante procesos fotomecánicos", según ha informado este miércoles la Cadena Ser en la Axarquía.

En una segunda fase del procedimiento de oposiciones, que se llevó a cabo a finales del año 2017, este funcionario aportó al tribunal un nuevo documento en el que su jefe de servicio en el área de Medio Ambiente del Consistorio veleño acreditó que prestó servicios vinculados a la licenciatura de Derecho en dicho departamento. Por este último documento, la Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión para el jefe de servicio y una inhabilitación especial durante el mismo periodo por un delito continuado de falsedad en documento oficial. Los hechos se descubrieron a raíz de la denuncia de otra opositora en el mismo concurso para la bolsa de abogados de la Diputación.

El acusado renunció en marzo de 2018 al proceso de selección de la Diputación "por motivos profesionales, aunque ello, en realidad, obedecía a que había tenido conocimiento, de que, dos días antes, otra aspirante de ese concurso había descubierto sus añagazas", según consta en la documentación a la que ha tenido acceso SUR. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través del Área de Recursos Humanos, ha incoado un expediente disciplinario a ambos funcionarios, a la espera de que se celebre el juicio en la capital malagueña, previsto para los próximos meses.

Desde el gobierno municipal bipartito, de PSOE y GIPMTM, han asegurado que “no es un asunto que ataña al gobierno, ya que esta situación no la crea una actitud o acción inadecuada de ningún miembro del equipo municipal”. "Es un tema estrictamente personal que afecta a las personas implicadas por actos que solo ellos presuntamente han llevado a cabo", han considerado, al tiempo que han matizado que “al estar el asunto en sede judicial, debemos por el momento tener en cuenta la presunción de inocencia y esperar el fallo judicial”.

Por su parte, la concejala de Recursos Humanos, Lola Gámez (PSOE), ha considerado que se trata de un asunto de hace diez años, "que no tiene ningún tipo de vinculación con el gobierno municipal, ya que esta situación no la ha creado ningún miembro del equipo de gobierno". "Es un asunto personal, de un funcionario que decidió presentarse a una plaza y sólo afecta a las personas implicadas, en nada afecta al funcionamiento del Ayuntamiento", ha declarado.

No obstante, la edil ha dicho que "desde el primer momento" que tuvieron conocimiento del juzgado se inició el expediente disciplinario. "Se actuó con bastante inmediatez", ha apostillado. "Se encuentra en sede judicial, hay que dejar trabajar a los abogados y hasta que no haya una sentencia judicial debemos esperar y respetar la presunción de inocencia de estas personas que no están imputadas, sino investigadas, hay que esperar a la resolución del juzgado", ha concluido.