La Junta dice que la Axarquía será «la zona más beneficiada» con la nueva ley urbanística andaluza

Navarro advierte que la normativa «no es una amnistía» y que «la casuística de viviendas irregulares en Andalucía es muy diversa»

Eugenio Cabezas

Jueves, 16 de diciembre 2021, 17:54

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado este jueves, en una visita a Vélez-Málaga, en la que se ha reunido con la práctica totalidad de los alcaldes de los 31 municipios de la Axarquía, que la comarca oriental será «sin duda una de las zonas más beneficiadas» de la región con la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada recientemente en el Parlamento andaluz y pendiente ahora de su desarrollo reglamentario.

«Viene a resolver la situación de irregularidad y alegalidad que han tenido estas viviendas», apuntó en alusión a las más de 20.000 construcciones en el suelo no urbanizable que se estima que hay en la Axarquía, de las 50.000 de la provincia y de las 300.000 del conjunto de la región andaluza. «Establece una diferencia sustancial al permitir, por fin, el uso residencial en suelo rústico no vinculado a actividad agrícola o ganadera», apuntó. «El campo debe servir para darle otras oportunidades a nuestros pueblos, con el turismo», agregó.

No obstante, Navarro dijo que esto «va a estar controlado y limitado» en el reglamento que se está elaborando, saliendo al paso de las críticas de los grupos ecologistas como GENA, que denuncian que la nueva norma «no resuelve los problemas y provocará un efecto llamada para los especuladores». «Esas viviendas no pueden formar asentamientos y quedan protegidos los espacios naturales», dijo. Sobre las críticas de la asociación de propietarios SOHA, Salvemos Nuestras Casas, que denuncia «agravios» entre los dueños de casas, replicó que la norma «no es una amnistía». «La casuística de viviendas irregulares en Andalucía es muy diversa, a todas las casuísticas es muy difícil de responder», argumentó Navarro.

No obstante, Navarro dijo que «hay cuestiones que no se pueden salvar, intentamos darle certidumbre y tranquilidad a la mayor parte de los adquirientes de buena fe de esas viviendas, pero lo determinante no es esas licencias municipales sino el suelo donde están construidas». «Es un gran avance, en suelo rústico estamos dando oportunidad a muchas construcciones que estaban condenadas a muerte y ya se hace un guiño a esas edificaciones que no tenían otras posibilidades».

«El cauce de un río o la zona de servidumbre de un río que es dominio público hidráulico no podrá haber asentamientos, esas cosas son difícilmente regularizables», advirtió. A su juicio en Andalucía «siempre ha habido una costumbre de vivir en el campo y las sucesivas normativas lo que han hecho es poner coto a eso, sólo a quien tuviera una piara de cerdos o una granja de pollos». «Ese uso residencial vinculado es un avance muy importante, pero no todo vale, no se puede convertir el campo en una urbanización», argumentó.

Navarro apuntó que lo que se pretende regularizar «son viviendas aisladas, no aglomeraciones». «Lo que se está regularizando son los asimilados a fuera de ordenación, viviendas aisladas, no asentamientos completos», advirtió, al tiempo que también destacó que la nueva normativa agilizará la elaboración de los planeamientos, al reducir de más de diez a dos años el tiempo para su elaboración, y simplificando las tipologías de suelo: el rústico y el urbano.

«Se crea por fin un cuerpo de subinspectores que descargará de la labor de disciplina urbanística a los ayuntamientos», manifestó. «Hasta ahora se le exigía lo mismo a Cútar que a Vélez-Málaga para aprobar sus PGOU, ahora se tiene en cuenta la casuística de los municipios de menos de diez mil habitantes», puntualizó la delegada de la Junta.

«Adapte al cambio climático»

Respecto al nuevo decreto de simplificación administrativa, Navarro explicó que tiene 329 medidas que mejoran 80 normas «para agilizar y aligerar la gestión administrativa». «Esperamos dar un salto cualitativo definitivo en el despegue de Andalucía que viene a hacerle más fácil la vida a los andaluces», apostilló. Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), aseguró que «era muy necesaria un actualización de esta ley para poder agilizar los trámites administrativos y propiciar un mayor desarrollo urbanístico de los municipios, dando prioridad a ofrecer seguridad jurídica a los inversores, lo que repercute también en la generación de nuevos empleos».

«Una ley que ha contado también con el respaldo de la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias)», explicó. «Desde donde nos hubiese gustado que el municipalismo y el peso de los ayuntamientos fuese mayor, pero desde donde reconocemos la importancia y necesidad de esta normativa, que confiemos que llegue para promover el desarrollo y la movilidad sostenibles, se adapte al cambio climático y favorezca la seguridad jurídica en los suelos rústicos de la Axarquía», apostilló el alcalde.