Embargan doscientos bienes a treinta empresarios por la gestión del vertedero ilegal del río de la Miel en Nerja

La investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por las supuestas irregularidades en la gestión del vertedero ilegal del río de la Miel, situado en la zona oriental del término municipal de Nerja y que fue clausurado por orden de la Junta de Andalucía y del Seprona de la Guardia Civil en septiembre de 2016, después de 16 años de funcionamiento, ha comenzado a dar sus primeros resultados. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox ha dictado un auto en el que acuerda, a petición del Ministerio Público, el embargo de unos 150 vehículos y alrededor de unas doscientas propiedades, entre viviendas, fincas y barcos, que pertenecen a una treintena de empresarios del sector de la construcción de la zona.

Según consta en el auto dictado el pasado día 25 de mayo, al que ha tenido acceso este periódico, el juez adopta estas medidas cautelares «para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los responsables». Según se detalla en el documento, el Ministerio Fiscal presentó el pasado 24 de abril una querella contra estos empresarios por los presuntos delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, estafa y pertenencia a organización criminal. En las diligencias abiertas se trata de determinar la responsabilidad penal de los investigados y su grado de implicación en un vertedero ilegal que ocupa más de 50.000 metros cuadrados de superficie de una antigua cantera, en terrenos de propiedad municipal.

Para el fiscal, el enclave carecía de las correspondientes autorizaciones administrativas y en el mismo no se llevaban a cabo las tareas de reciclado que exigen las normativas medioambientales, como el Real Decreto 105/2008, que establece que el poseedor de un residuo debe entregarlo a un gestor autorizado para su correcto tratamiento.

En su auto el juez entiende que se ha producido «un grave daño al medio ambiente», por lo que establece la obligación de reponer el entorno del vertedero clausurado a su estado originario, una tarea que el fiscal cifra en unos diez millones de euros. Por este motivo, el juez relaciona en su auto la lista de propiedades a nombre de los empresarios investigados y da instrucciones a los distintos registros de la propiedad de la zona para que lo tengan en cuenta, «ante la imposibilidad de disponer, gravar, vender o enajenar estos bienes».

Las actuaciones judiciales en marcha se han iniciado a raíz de las denuncias de la Fiscalía y del Seprona, a las que se ha sumado la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA), que agrupa a una veintena de firmas de la comunidad. Cabe recordar que el vertedero clausurado fue objeto de varias denuncias anteriores por parte de grupos ecologistas durante los últimos años. Sin embargo, desde el Ayuntamiento, durante los mandatos del PP con José Alberto Armijo al frente, siempre se negó que existieran irregularidades.

Citaciones a políticos

El propio exregidor y diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías manifestó a SUR, el pasado marzo, que no le constaba que por parte de la Junta se hubiesen abierto expedientes sancionadores contra el vertedero. «No obstante, habría que ver el expediente y recordarlo», matizó. En cualquier caso, el exalcalde, que gobernó entre 1995 y 2015, agregó que el vertedero era «conocido y consentido».

Fuentes cercanas a la investigación informaron a SUR de que Armijo ha sido citado a declarar, en calidad de investigado, por este asunto, al igual que su sucesora, la socialista Rosa Arrabal. Sin embargo, Armijo negó a este periódico este extremo. La alcaldesa, sin embargo, no lo desmintió. Las fuentes explicaron que también se ha citado a los exconcejales de Medio Ambiente del PP José Miguel Jimena y Nieves Atencia, y al actual edil de este área, Jorge Bravo, de IU. Arrabal afirmó en el último pleno, el pasado jueves, a preguntas de un vecino, que si era citada a declarar acudiría. «Cuando llegamos no había absolutamente nada de documentación en el Ayuntamiento y nos hemos enterado por la Junta, el Seprona y Fiscalía», dijo.

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