El traspaso de poderes implicará el nombramiento de 660 cargos

Lo mastodóntico de la Administración andaluza, y el que sea la primera vez en sus casi 37 años de existencia que se produzca un relevo de partidos en el gobierno autonómico, hace pensar que solo con esta predisposición de una y otra parte será fácil el traspaso con pocos días para ello. Como dato de muestra sirva que una vez que Moreno pise San Telmo, cuando tome posesión como presidente el viernes día 18, tendrá bajo su potestad el nombramiento de al menos 660 cargos. Serán los que deben cesar con la salida de Susana Díaz de San Telmo, aunque el número puede no coincidir. El bipartito PP-Cs ha prometido una reducción de cargos públicos, empezando por la aminoración del número de consejerías y las delegaciones provinciales. En el ejecutivo saliente hay 13 consejerías. La cifra de nombramientos, mientras acometen la reestructuración que prometen, será, no obstante, parecida.

Según los datos facilitados por la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz, estos 660 empleados cuyo relevo es automático con el nuevo gobierno responden a 273 cargos de consejerías y empresas públicas; 239 eventuales y 148 contratos de alta dirección del sector instrumental o de las agencias, fundaciones y entes instrumentales, también llamado administración paralela por PP y Ciudadanos. Entre ellos hay 141 con derecho a cesantía.

El relevo no será de inmediato, entre otras razones para no generar un vacío de poder. Será el caso, por ejemplo, de los directores generales y secretarios técnicos de las consejerías, cuyos ceses y nombramiento dependen del Consejo de Gobierno.

Los primeros en salir serán los consejeros y sus asesores directos, una vez que sean nombrados y tomen posesión de los cargos sus sucesores del PP y Cs. Lo previsible es que se haga el día 21 o 22. El primer Consejo de Gobierno se celebrará de inmediato y ya entonces se producirán los primeros nombramientos. Durante al menos unas semanas, como mucho un mes, se dará el caso de consejeros del PP y Cs con altos cargos socialistas en sus departamentos.

Un poco más de tiempo será necesario para el relevo, si se quiere, de los 2.137 puestos de funcionarios de libre designación. Se trata de los puestos de responsabilidad política o de jefatura de servicios en la Administración, que deben ser ocupados por funcionarios de carrera mediante un procedimiento interno convocado.

El nuevo gobierno se pondrá al frente de una administración con 270.101 empleados públicos, de los que 242.797 forman parte de la Administración general; otros 96.451 de la docencia no universitaria (maestros y profesores); 95.184 de las instituciones sanitarias; y 7.521 de la Administración de Justicia.

El llamado sector instrumental o administración paralela cuenta con 27.304 empleados, entre ellos 5.800 del personal del Plan Infoca. Su despido, aunque se quiera reducir este sector público de empresas, no será viable. En la mayoría de los casos se trata de personal con derechos consolidados. El Gobierno socialista ya intentó reducir este entramado, formado en la actualidad por 68 entes con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía y otros 108 donde la participación es minoritaria. En este último caso, las entidades no pertenecen al sector público.

En la reordenación del sector en 2012 para cumplir con la estabilidad presupuestaria se prescindió de 95 consorcios de empleo, despidiéndose a sus más de 800 agentes de empleo (Alpe). Estos acudieron a los tribunales y ganaron el pleito a la Junta. Una de las primeras reuniones que tuvo Juanma Moreno tras ser elegido presidente del PP andaluz en 2014 fue entrevistarse para apoyar a los afectados del colectivo Alpe, que reclamaban el cumplimiento de la sentencia.