La oposición abre la batalla judicial por los retrasos en los cribados de cáncer

Adelante Andalucía elevó ayer una denuncia a la Fiscalía Superior de Andalucía para que investigue lo ocurrido al considerar que hay indicios de delitos por lesiones por imprudencia grave, homicidios por imprudencia grave también y dejación de funciones del servicio público.

Adelante Andalucía pide, más allá de la apertura de las diligencias de investigación, que la Fiscalía Superior ejerza también la acusación pública en este caso para defender a las mujeres afectadas. Esta denuncia se dirige contra la actual consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández; su antecesora en el cargo y actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García; la viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y la actual gerente del SAS, Valle García.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, afirmó que «hay una acción negligente de la Junta de Andalucía y se aprecia que de forma consciente ha habido una dejación de funciones de las autoridades responsables de la Consejería de Salud».

IU Andalucía presentó ayer también un escrito ante la Fiscalía General del Estado para que investigue al Gobierno andaluz por este programa de prevención del cáncer durante la gestión de tres últimos consejeros de Salud, que incluye también a Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento andaluz.

IU sostiene que de haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado «estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente». Además, añade en su escrito a la Fiscalía otros posibles delitos como el de lesiones imprudentes y el de omisión de prestar servicios sanitarios.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, señaló que «el sistema público sanitario andaluz no aguanta un tercer mandato de Moreno con esta expresión trágica de su visión neoliberal de la gestión pública».

La asociación Amama, que representa a las mujeres afectadas, mantuvo ayer una reunión con parte de ellas para impulsar la presentación de una denuncia también y sumarse así al frente judicial abierto por la oposición.

La presidenta de esta asociación, Ángela Claverol, aseguró ayer en Onda Local que «hay varias mujeres muertas ya por estos retrasos en las pruebas complementarias», lo que calificó como una «catástrofe».

Ángela Claverol informó del caso de un marido al que atendieron ayer en la sede de la entidad y cuya esposa falleció la semana pasada y añadió que «esta es nuestra realidad, mujeres llorando todos los días».

Ante esta situación, confirmó la presentación de una demanda colectiva sobre la que queda «fijar en qué términos, ya que sólo les duele si les cuesta el dinero, aunque nuestro único enemigo es el cáncer de mama», recalcó.

La representante de esta asociación que destapó los problemas en este programa elogió a las personas que han ofrecido su apoyo económico para que las mujeres se hagan estas pruebas ya en la privada.

La portavoz parlamentaria adjunta del PSOE-A, Ángeles Férriz, apoyó las denuncias y dijo «esperar que Moreno pague en las urnas y en los juzgados por poner en riesgo vidas y le reprochó querer salvarse en lugar de salvar a las mujeres afectadas.

El Gobierno andaluz tiene previsto presentar hoy mismo el plan de choque para solucionar «de forma urgente» los fallos detectados para lo que no escatimará ningún recurso.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, criticó ayer a los partidos de la oposición por su actitud ante este caso ya que «solo persiguen el rédito político» mientras que el Gobierno andaluz ha «reaccionado con diligencia y buscando medidas para la solución del problema». A su juicio, «lo importante es que haya respuesta rápida y eficaz y, sobre todo, que se garantice que no se vuelvan a repetir errores».

Por último, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, pidió «responsabilidades máximas» a la Junta por la «negligencia clarísima cometida por el SAS» en este programa.