La Junta nombra comisionado para el Cambio Climático a un ejecutivo de la empresa malagueña Sando

La creación de la figura del comisionado responde en parte al desarrollo de la Ley de Cambio Climático y para la Transición de un nuevo Modelo Energético que fue aprobada la pasada legislatura con el respaldo unánime de los grupos políticos entonces con representación parlamentaria (PSOE, PP, Podemos, Cs e IU). En la actual legislatura y tras el cambio de gobierno, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho una apuesta personal por las políticas de lucha contra el efecto invernadero, hasta el punto de asumirlas bajo su tutela. Uno de los objetivos es impulsar las energías limpias de carbono en Andalucía y convertir a esta comunidad en uno de los territorios europeos punteros en la materia. Para ello Moreno insiste a la iniciativa privada que mire hacia Bruselas, ya que el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea prevé inversiones de más de 30.000 millones de euros en dicho objetivo.

El nombramiento de Muñoz Romero como comisionado coincide con el impulso que el presidente quiere dar a la «agenda verde» con reuniones con empresas del sector energético. Una agenda que arranca mañana miércoles en una visita a Puebla de Guzmán, donde inaugura la nueva planta de energía limpia de Iberdrola.

Muñoz Romero, sin experiencia en el sector, tiene ante sí un cometido importante, dado que el presidente ha expresado en varias ocasiones que hay mucho interés de las empresas del sector en invertir en energías alternativas en Andalucía, señalando propuestas que alcanzan los 17.000 millones de euros en inversión.

Juan Manuel Muñoz Romero, nacido en 1968 y afincado en Málaga, es licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado y, en concreto, dentro del grupo empresarial Sando, donde ha desempeñado diversas responsabilidades desde el año 1992, según la referencia del Consejo de Gobierno.

Al Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético le corresponden las atribuciones previstas en el artículo 28 de la Ley 9/2007, entre ellas el diseño de la política de la Administración de la Junta en relación con la lucha contra el cambio climático y para la transición a un nuevo modelo energético, así como la definición, seguimiento y evaluación de las actuaciones de la Junta en esta materia.