El juez amplía la imputación contra 13 ex cargos de la Junta por ayudas ilícitas en Delphi

Héctor Barbotta

Sevilla

Sábado, 26 de junio 2021, 00:18

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El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de ayudas sociales a trabajadores del grupo Delphi entre 2009 y 2010, ha ampliado la imputación contra 13 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos cuatro ex consejeros, al considerar que un segundo grupo de ayudas sobre las que se está investigando también fueron concedidas de manera irregular. En un auto dictado el pasado 18 de junio, al que ha tenido acceso este periódico, se notifica que además de las ayudas para prejubilaciones por más de 260 millones de euros que dieron origen a la causa, la investigación se ha ampliado a otro línea, también concedida de manera irregular, para trabajadores que no cumplían con los requisitos de edad para la prejubilación.

Esta ampliación de la causa afecta a la situación legal de los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio; de Innovación y Ciencia Martín Soler y de Economía Antonio Ávila. También a los ex viceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas y a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y de Empleo Daniel Rivera. También, a los ex viceconsejeros de Innovación y Ciencia Jesús María Rodríguez y de Economía Luis Nieto, así como al ex director general de la agencia IDEA Antonio Valverde, los ex directores de Administración y Finanzas del mismo ente Antonio Diz y Juan Francisco Sánchez. A todos ellos, ya investigados, se les ha informado de la ampliación de su imputación en la causa y del derecho que les asiste a volver a prestar declaración sobre los hechos investigados.

La segunda línea de ayudas presuntamente irregulares se concedió en 2010 bajo el nombre de Planes Personales de Inserción (PPI), previstos para personas que no reunían los requisitos para acogerse a la prejubilación anticipada y estaban interesados en emprender un plan personal de reinserción laboral con el inicio de una actividad por cuenta propia o realizando una aportación a una sociedad laboral o cooperativa. Así, se acordó establecer una ayuda persona y directa de 30.000 euros por persona. Quienes se acogían a esta subvención quedaban desligados del proceso de prejubilaciones.

Según refleja el auto, se ha deducido que esta línea de ayudas excepcionales también fue concedida y financiada «extramuros de cualquier forma de legalidad». En concreto, según un Informe de la Intervención de la Junta de Andalucía, se habrían producido evidentes incumplimientos de la norma, al no constar en estas ayudas el sometimiento a fiscalización previa «y sin que concrete la aplicación presupuestaria que se va a utilizar para financiar estas actuaciones».

Según ese informe, las subvenciones se financiaron en algunos casos, con fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que no tenía competencias en la materia y sin que existiera un convenio entre ese departamento y el de Trabajo que le diera sustento legal.

En las alegaciones presentadas por la Agencia IDEA se hizo referencia tan solo a que existía constancia de un acuerdo verbal entre los viceconsejeros de ambas consejerías para que los PPI fueran a cargo de los presupuestos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En total hubo 57 beneficiarios, por lo que el montante total de esta irregularidad ascendió a 1.710.000 euros.