El juez del 'caso ERE' procesa a Chaves, Griñán y seis exconsejeros por corrupción

A solo 26 días de las elecciones generales, el PSOE ha recibido un duro golpe en su principal bastión de votos por supuesta corrupción política. El juez de apoyo del 'caso ERE', Álvaro Martín, ha acordado que se abra juicio contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a seis de sus exconsejeros y otros 16 exaltos cargos y funcionarios de una década de gobiernos socialistas. Aunque a diferencia de otros casos de corrupción, en este no hay atribución alguna a los encausados de enriquecimiento ilícito, el paso dado por el instructor de los ERE sitúa en entredicho y bajo la ilegalidad por primera vez en la historia autonómica la gestión política de dos jefes de gobierno andaluces, además pesos pesados del PSOE (ambos fueron presidentes del partido). Chaves y Griñán, que pueden recurrir el auto de procesamiento, han pedido la baja en el PSOE.

El juez culmina así la instrucción de la pieza política de una macrocausa abierta hace cinco años por la jueza Mercedes Alaya con más de 250 investigados. A la magistrada ahora en la Audiencia de Sevilla le da la razón y sitúa a los expresidentes en la cúpula de «una pluralidad de autoridades o funcionarios» a los que atribuye la implantación y mantenimiento durante una década, desde 2000 a 2011, de «un plan establecido» para eludir controles en la concesión de ayudas sociolaborales mediante un sistema ilegal que pudo «poner en riesgo el erario de la Junta de Andalucía». Un sistema que propició un menoscabo de fondos públicos aún por determinar, pero que apunta a al menos 140 millones de euros en sobrecomisiones de aseguradoras, mordidas de intermediarios e intrusos en el listado de más de seis mil prejubilados. El juez no alude al fraude, pero sí considera ilegal el sistema empleado para conceder todas las ayudas, al menos 855 millones de euros.

En un auto con expresiones de gran dureza fechado este martes día 31, el juez acusa a Chaves y a Griñán de prevaricación administrativa continuada y a este último además de malversación de fondos públicos por la concesión de ayudas con «opacidad», «manipulación», «arbitrariedad» y «encubrimiento». La distinción la hace en base al conocimiento que atribuye a Griñán como consejero de Economía y Hacienda a partir de 2005 de los informes de la Intervención General de la Junta de advertencias sobre el uso ilegal del procedimiento para el pago de las ayudas, las llamadas transferencias de financiación a través de la agencia que las abonaba, IFA, luego llamada IDEA, y el «descontrol reiterado» para engordar la partida con modificaciones presupuestarias. El juez también procesa al interventor que firmó tales advertencias, Manuel Gómez, porque «omitió la adopción de las medidas para impedir que se mantuviese este sistema en los años sucesivos».

La diferencia es importante. El delito de prevaricación continuada conlleva inhabilitación para cargo público y el de malversación penas de cárcel. Junto a Griñán también son acusados de prevaricación y malversación otros 17 excargos, entre ellos los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, todos de Empleo, Innovación y Hacienda, las tres consejerías afectadas en la trama.

El juez Martín discrepa respecto a Griñán del juez de instrucción del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, quien solo le acusó, como a Chaves, de prevaricación administrativa. Los dos expresidentes defendieron ante el Supremo y también luego ante el juez de Sevilla su desconocimiento de que se estuviera utilizando en la Consejería de Empleo un sistema ilegal para conceder las ayudas a empresas en crisis. Griñán también reiteró que nunca le llegaron los informes de advertencia cuando fue consejero de Hacienda (2004-2009).

El magistrado no les cree. En el caso de Chaves y siete cargos más acusados de prevaricación, entre ellos la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, cita la declaración de Antonio Fernández, quien llegó a manifestar que el Consejo de Gobierno conocía el sistema de las ayudas. En todos ellos, según el auto, «concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia».

«El Sr. Chaves asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, omitiendo el régimen aplicable en relación a la autoridad competente para la concesión de la subvención, con ausencia de bases reguladoras de la subvención, así como de convocatoria pública para su conocimiento por todo interesado en acceder a ella, con falta de control del cumplimiento, por parte del perceptor de la subvención, de los presupuestos o condiciones para disfrutar de la ayuda y con ausencia de un control posterior del destino dado a la subvención», dice el juez. Lo mismo aplica a Griñán.

El varapalo pudo haber sido mayor. De los 48 cargos de la Junta incluidos como imputados o investigados en la pieza llamada del 'procedimiento específico', sobre la mitad, 24, el juez decide archivar la investigación, entre ellos los exconsejeros Manuel Recio, Antonio Ávila y Martín Soler, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, Felipe Romera.

A los encausados les queda un largo recorrido judicial aún. Tanto ellos como las acusaciones, Fiscalía, Partido Popular, Junta de Andalucía y Manos Limpias, pueden recurrir este auto. El primer juicio no se espera hasta 2017.