Los depósitos judiciales de la comarca cesan en su actividad por impago

Los depositarios judiciales del Campo de Gibraltar anunciaron ayer que han dejado de recoger los bienes que pasan a disposición judicial desde el pasado día 1 de agosto Las empresas Grúas Ayudaauto, Grúas Prieto, Grúas Arquería y Villalobos Asistencia, que prestan estos servicios en la comarca, justifican su decisión con el supuesto impago por parte de la Consejería de Justicia. La cifra global que se les adeuda podría estar en torno a los cuarenta y cinco millones de euros, aunque sólo se refirieron a una deuda concreta de casi siete millones.

La portavoz de las empresas, Estela Villalobos, explicó ayer en una rueda de prensa que pusieron en marcha esta medida como protesta ante impagos por la permanencia de vehículos en sus depósitos y su acumulación. Recordó además que las depositarias se encargan de retirar los vehículos implicados en operaciones judiciales y que salen de los depósitos, bien por pago de su dueño o sin cargos, en cuyo caso lo retira la Consejería. «El problema es que mientras que antes los dueños pagaban en casi todos los casos, ahora casi el 90 por ciento salen con la coletilla de 'sin cargos», dijo.

Según Villalobos, el acuerdo de facturación firmado en 2002 con las instituciones «sólo» requería un documento de entrada firmado y sellado por la Guardia Civil, uno de salida resultante de una orden judicial. «Ahora también nos piden documentos que tenemos que recopilar en los juzgados y que, aunque colaboran, no nos pueden facilitar a menudo porque, como en el caso de los menores, rallaría en la ilegalidad», ha denunciado.

Los afectados cifraron la media de permanencia en 10 años y en 4.303 los vehículos destruidos con autorización judicial entre 2007 y 2009. Precisamente fue el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, quien ordenó peritar todos los vehículos a disposición judicial y con fecha de entrada desde diciembre de 2006. Tras el peritaje, fueron destruidos. Así, una vez que salieron de los depósitos judiciales, estos reclaman unos siete millones de euros por derechos de pago de 779 embarcaciones y 3.524 vehículos, camiones y ciclomotores.

«Se supone que ahora nos pagarían esos 4.303 vehículos después de todas las reuniones que hemos tenido», afirmó Villalobos. Los depositarios no dieron una cifra global, pero han apuntado, a modo de ejemplo, que el cobro por el depósito de los ciclomotores es de 1,5 euros diarios y el de turismos de 3,6 euros. Villalobos anunció que aunque las cuatro empresas cesaron su actividad el 1 de agosto, informaron ayer de su decisión su decisión ante la «falta de una solución definitiva». De hecho, tenían una reunión prevista el día 24 de julio con el viceconsejero José Antonio Ortiz, pero un día antes fue cancelada. La Junta argumentó motivos de agenda del propio consejero

«Grúas Arquería se ha visto obligada a cerrar», señaló, «y la situación es caótica por lo que si no nos dan una solución pondremos un contencioso administrativo». De hecho, Estela Villalobos citó que fueron concretamente doce los trabajadores de dicha empresa que perdieron sus empleos. No obstante, confían en que la Junta de Andalucía sea sensible a las demandas del sector, en el que ya se han producido despidos como consecuencia de la falta de recursos económicos.

Por su parte, la Consejería de Justicia y Administración Pública, que asegura ser consciente del problema generado por los depósitos de vehículos y efectos intervenidos por la autoridad judicial, ultima, junto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía Superior y la Secretaría de Gobierno, la redacción de un Protocolo de Depósitos Judiciales para establecer los criterios de colaboración y coordinación que permitan mejorar su gestión y optimizar los recursos presupuestarios disponibles para tal fin, se informó ayer oficialmente.

La comunicación oficial de la Junta de Andalucía, que no hace referencia alguna al impago que denuncian los cuatro depositarios judiciales oficiales autorizados existentes en el Campo de Gibraltar, se produjo sólo unas horas después de la rueda de prensa en la que los afectados denunciaron su precaria situación.

Igualmente, prosigue la Junta, para la redacción del documento se han mantenido distintas reuniones con las entidades en cuyas dependencias hay vehículos depositados.

Depósitos judiciales

La situación de los depósitos judiciales de bienes muebles «se ha caracterizado por el elevado tiempo de permanencia de los bienes depositados, circunstancia ajena a la Consejería de Justicia y Administración Pública, lo que conlleva a una saturación del espacio destinado a tal fin y a la depreciación del valor de los objetos y, sobre todo, al cuantioso coste que supone para la Administración el pago por los servicios de depósitos prestados por los depositarios por periodos de tiempo tan prolongados», indica la fuente oficial.

Por ello, añaden desde las instancias oficiales, «es necesario articular un sistema que consiga dar el destino legal de forma eficaz y rápida al mayor número de efectos judiciales posibles, pero también determinar con los depositarios el alcance real de la deuda reclamada».

La Consejería de Justicia recuerda que pertenece al ámbito jurisdiccional, es decir, a los jueces y magistrados, acordar el destino que deba darse a los efectos intervenidos en el transcurso de los procedimientos judiciales,» si bien las propias normas penales y procesales contienen la previsión de la realización anticipada en determinados supuestos».

Además, no en todo los supuestos corresponde a la Consejería de Justicia y Administración Pública afrontar el abono de los costes derivados del depósito, como sucede cuando hay una condena en costas al acusado o demandado y posibilidad de hacerla efectiva.

De este modo, «y dado el elevado coste que supone para los presupuestos públicos destinados a la Administración de Justicia el depósito en lugares apropiados de vehículos, aeronaves, embarcaciones y otras piezas intervenidas de carácter similar, es necesario un esfuerzo conjunto por arbitrar mecanismos, bajo el más escrupuloso respeto a la independencia judicial, para que en aquéllos casos en los que ya no resulte necesario, a efectos del procedimiento judicial, el mantenimiento del efecto en el depósito, o carezca de valor económico, bien por haberse depreciado por el transcurso del tiempo o por superar el coste del depósito a aquel, se proceda con carácter inmediato a darle el destino legal que corresponda, con el consiguiente ahorro de costes que ello supone y la posibilidad de destinar el mismo a mayores necesidades de la propia Administración de Justicia», concluye el comunicado de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía», concluye el comunicado oficia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.