Los jueces calientan motores

Unas circunstancias que empezaron a poner de manifiesto a raíz del 'caso Mari Luz' y la sanción al juez que no encarceló a su presunto asesino, y que, al cabo, ha resultado ser la espoleta que ha colocado al desnudo las tripas del funcionamiento de la Administración de Justicia. De momento, los cerca de 70 jueces de Málaga han empezado a limitar y reducir los señalamientos de los juicios y van a dar cuenta a los usuarios, a través de paneles informativos, de las carencias de las plantillas y de los retrasos que ello puede provocar en la tramitación de sus expedientes.

Los magistrados más jóvenes han tomado impulso y se han colocado en la trinchera de una batalla que tiene como punto de partida el próximo 21 de enero. Es la fecha que se ha fijado a nivel nacional para decidir si los jueces van a la huelga en febrero, después de un polémico debate, aún no del todo zanjado, sobre si los jueces tienen derecho o no a ejercer esta medida de presión laboral.

Aproximadamente la mitad de los miembros de la judicatura malagueña estaría dispuesta a secundar el paro: «Claro que tenemos ese derecho -asegura un joven magistrado de la jurisdicción civil- y, además, ya no tenemos miedo a decir las cosas claramente. Esto ha cambiado mucho».

Riesgo de sanción

«Para decidir una huelga hay que estar muy seguro. Si no se cuentan con los apoyos necesarios, puede ser un rotundo fracaso. Yo no estoy muy de acuerdo, aunque, por supuesto, la huelga es un derecho legítimo», añade un veterano juez de la Audiencia Provincial.

Para otro magistrado, de mediana edad y titular de un juzgado de lo penal, «la huelga va a ser un hecho, y yo estoy dispuesto a secundarla, aún a riesgo de que puedan sancionarme».

Las espadas están en alto y mientras llega el momento de tomar una decisión, los miembros de la judicatura malagueña han optado por una serie de medidas, como limitar los señalamientos de las vistas orales. Niegan rotundamente que se trate de una huelga de celo encubierta.

El juez decano de Málaga, Manuel Caballero-Bonald aclara: «No es una huelga de celo. Se trata de medidas para mejorar la calidad del servicio. Los ciudadanos se quejan de que en los juicios no les dedicamos el tiempo suficiente y, en parte, tienen razón. Hay vistas que apenas duran diez minutos, que casi no les dejamos hablar, porque tenemos que respetar el tiempo que hemos asignado a cada juicio. Tenemos que ver cada caso con tranquilidad y serenidad. Nuestra preocupación es dar una justicia rápida pero que sea de calidad y, actualmente, la calidad es manifiestamente mejorable».

En la jurisdicción social, la que dirime conflictos laborales, se llegan a celebrar 15 juicios en un día, tres veces por semana. En los juzgados de instrucción se señalan hasta 25 vistas orales. En muchas ocasiones, las jornadas se prolongan hasta las cinco y la seis de la tarde. Para Caballero-Bonald, con esta medida «queremos racionalizar el trabajo; pretendemos fijar los calendarios de juicios en función de la complejidad de cada caso concreto y también de esta forma estaremos evitando a los usuarios y a los profesionales, especialmente a los abogados, los retrasos que se producen habitualmente y de los que tanto se quejan».

En cualquier caso, Caballero-Bonald afirma que no se ha fijado un límite de las vistas orales a señalar -en Córdoba se ha anunciado reducirlas a la mitad- que «ha quedado a criterio de cada juez» y agrega que esta medida no afectará a los juicios que ya tienen establecida una fecha, «sino a los casos que entren nuevos».

La información a los ciudadanos va a ser otro pilar fundamental para ir calentando el ambiente ante la futura convocatoria de una huelga.

Un sello especial

Los jueces de la capital han optado por dos fórmulas. La primera ya se está llevando a la práctica. Han fabricado un sello que se estampa en cada uno de los expedientes, denuncias y demandas que llegan para su reparto al Juzgado Decano con el que informan a los interesados del exceso de trabajo que soportan los juzgados malagueños ante más que posibles demoras en su tramitación. El texto estampado en los expedientes dice así: «Asunto turnado excediendo los módulos de trabajos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial. Juzgado Decano».

La segunda fórmula va a ser más compleja de llevar a la práctica. Se pretende utilizar las pantallas instaladas en la Ciudad de la Justicia para informar a los ciudadanos de la situación de las plantillas de funcionarios, de sus vacantes y el número de interinos. Esta información será actualizada mensualmente a fin de dar una explicación a los usuarios de los retrasos de los asuntos que este déficit de personal puede provocar en la tramitación de sus denuncias y demandas. Sin embargo, el uso de los monitores para este fin está en el aire por dos motivos. Primero, porque depende del consentimiento de la Junta de Andalucía y segundo porque puede interferir en la información sobre la celebración de los juicios que se detallan a diario en los mismos.

Conscientes de que al final no sea posible trasladar estas explicaciones a los usuarios a través de las pantallas del edificio judicial, los magistrados de la capital se preparan ya para ofrecer al público esa misma información mediante la colocación de carteles en sus respectivas oficinas judiciales.

Encuentro preparatorio

Todo está preparado para una reunión provincial que se celebrará el próximo 12 de enero. A la misma, que tiene que convocar el magistrado más antiguo en destino, está previsto que asistan la práctica totalidad de los magistrados de la capital y del resto de los partidos judiciales de Málaga. En el orden del día se planteará la «adopción de medidas de presión» para forzar a la Administración de Justicia a dotar de medios materiales y humanos a los juzgados. Detrás del eufemismo «medidas de presión» está la convocatoria de la huelga.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga celebrarán su propia reunión en la misma fecha. Ellos también se pronunciarán sobre la convocatoria del paro, sobre la que han opinado ya los jueces de Murcia y Extremadura.

Aún es pronto para vaticinar resultados, sobre todo porque todavía está pendiente lo que pueda hacer el Consejo General del Poder Judicial y el propio Gobierno, que, por cierto, ha sido muy criticado por la judicatura, que ha considerado una intromisión del Ejecutivo sus opiniones sobre las sanciones que se debían de imponer al juez del 'caso Mari Luz'.