Vélez-Málaga aprueba su primera ordenanza de ruidos para evitar que se repitan casos como el de El Copo

Vélez-Málaga ha declarado la guerra al ruido, después de la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Consistorio a indemnizar a 18 vecinos con 2,8 millones de euros por los ruidos ocasionados por los establecimientos de El Copo, en Torre del Mar. El Ayuntamiento anunció ayer que con la nueva ordenanza de ruidos no se repetirán más casos como el de los vecinos del Conjunto Ipanema.

El alcalde de la localidad, Francisco Delgado Bonilla (PP), explicó que el Consistorio, que será el encargado de indemnizar a los vecinos, ha enviado para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica, aprobada en pleno el pasado febrero tras superar el periodo de alegaciones.

El regidor consideró que con el nuevo texto -que una vez sea publicado en el BOP entrará en vigor- se mejorará la calidad del medio ambiente acústico del municipio, a la vez que se protegerá la salud de las personas y el derecho a su intimidad. El documento establece un régimen sancionador que incluye cierres cautelares, definitivos así como multas económicas, de cuantía variable. En este sentido, el alcalde veleño dijo que cada caso será analizado «de forma particular», aunque las multas pueden superar los 3.000 euros.

Asimismo, la ordenanza establece como novedad áreas de sensibilización acústica, en las que se indicará la superación de un valor límite, el número de personas afectadas en una zona dada y el número de viviendas, centros educativos y hospitales expuestos a determinados valores de ese indicador en dicha zona. El alcalde reiteró la importancia de regular la protección del medio ambiente urbano frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestias, riesgo o daños para las personas, y señaló que, una vez que la ordenanza sea publicada en el BOP, su cumplimiento se llevará a cabo «a rajatabla y escrupulosamente».

La regulación de la contaminación acústica ha sido desde el principio de la legislatura una de las prioridades del equipo de Gobierno, formado por PP y PA. Precisamente, el Consistorio constituyó la semana pasada la Comisión de Trabajo Antirruido, cuya finalidad principal será el seguimiento y control de las actividades ejercidas por los establecimientos para evitar que vulneren la normativa contra ruido y que ajusten su actividad a la licencia concedida en cada caso.

Delgado Bonilla insistió en que la ordenanza remitida al BOP «fue presentada por el PP para su debate en pleno en la pasada legislatura hasta una veintena de veces, sin que llegase a prosperar y sin que el Ayuntamiento -gobernado entonces por el PSOE- dispusiese de normas actualizadas para proteger a los ciudadanos de la contaminación acústica», matizó.