Jesús Jiménez: «No puedo rehabilitar los edificios porque están llenos de okupas»

«No sé cuándo va a terminar esta pesadilla», se lamenta Jesús Jiménez. En las dos fincas de la calle Mariscal tiene 40 pisos, pero inquilinos legalmente establecidos con contratos, siete. De ellos, cuatro son de renta antigua y tres, de alquiler moderno. El resto está ocupado por personas que dieron la patada en la puerta y se instalaron a vivir por la cara. «Mensualmente vengo perdiendo más de veinte mil euros, pues dejo de percibir rentas», se queja.

Algunos de los okupas, incluso, han utilizado supuestamente las viviendas como punto de venta de drogas. En noviembre del pasado año SUR publicaba fotografías de la operación policial en los números 3 y 5 de Mariscal. En los tres registros domiciliarios se descubrió un sofisticado sistema de cámaras que poseían los detenidos para evitar ser sorprendidos por la policía. Se calcula que tenían entre uno y dos clientes por minuto.

Denuncias judiciales

Aun así, la justicia no ha procedido contra los ocupantes ilegales de estas viviendas. El propietario muestra copias de las denuncias judiciales que ha presentado. Una de ellas es del 14 de abril de este año y en ella explica lo que le pasa: «Una vez más tengo que denunciar -señala- la incomprensible situación que desde hace más de un año viene ocurriendo en las dos casas, que han sido invadidas por distintas personas, las cuales se cambian los pisos a su parecer, están destrozando los edificios, no pagan alquileres y, además, tengo que pagarles el agua y la luz ya que en los edificios hay varios inquilinos con contrato y al ser un contador para toda la casa no puedo dejar de pagarlas porque les perjudicaría».

Ahora el Ayuntamiento intenta embargarle porque le reclama un recibo de 1.300 euros de agua que ha dejado de pagar, más otro recibo de 1.800 euros que está por ahí circulando. «¿Usted cree que eso es justo?», se pregunta.

En una ocasión llamó a la policía para que desalojaran a los okupas. Él también se personó en el lugar y recibió insultos y amenazas. Ante ello, la policía le pidió que se fuera para evitar males mayores. Los inquilinos ilegales siguieron allí.

Jesús Jiménez no se ha negado a rehabilitar los edificios, como lo demuestra la documentación que ha aportado. En mayo de 2007 presentó un proyecto y solicitó una licencia de obra mayor, pero Urbanismo se la denegó por algunas cuestiones menores. Por ejemplo, «las superficies de los salones-cocina de la planta baja son inferiores a las mínimas establecidas». Él está abierto a adaptarse a lo que le exija Urbanismo, pero pide que lo liberen de los okupas y de la situación. «Me siento indefenso», concluyó.