El caos de las ayudas para la formación

Un informe de 1.500 páginas y ríos de tinta en los periódicos. El 'caso Edu', que estalló hace menos de un mes, ha provocado un auténtico terremoto político con epicentro en la Junta de Andalucía. La investigación policial ha revelado la punta del iceberg del «descontrol» generalizado en las subvenciones para la formación de desempleados.

Tanto es así que, en la actualidad, hay al menos siete causas abiertas en Andalucía sobre cursos impartidos por agentes sociales, academias y pymes. 'Edu' es, sin duda, el más mediático. La investigación nació en las oficinas de la delegación de la Seguridad Social en Málaga, que detectó «anomalías» en las ayudas concedidas a 20 empresas dentro del programa 3.2.D gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Los inspectores comprobaron que algunas de las beneficiarias tenían deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, lo que, según la legislación, les impedía obtener nuevas subvenciones. Además, los alumnos tampoco habían sido dados de alta tras la realización de los cursos, cuando uno de los principales requisitos del programa es la contratación del 60% de los asistentes durante un periodo mínimo de seis meses.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comenzó a indagar en cada una de esas empresas. Un año después, con el caso a punto de entrar en el juzgado, la investigación ha desvelado «graves incumplimientos de la legalidad» y una «falta de control» en las ayudas concedidas, según un decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía.

El informe que la UDEF ha entregado al Ministerio Público recoge una relación de supuestas irregularidades que se pueden resumir en seis capítulos: hay ocho empresas que se crearon días antes de percibir las subvenciones; otras ocho que ni siquiera se encontraban de alta al recibirlas; seis que se dieron de baja en la Seguridad Social nada más obtener las ayudas o en el periodo ejecutivo de las mismas; nueve entidades que subcontrataron los cursos o emitieron facturas circulares; incumplimientos generalizados del compromiso de contratación; y, por último, dos sociedades consideradas 'cazasubvenciones', ya que buscaban fondos públicos en varias provincias sin desarrollar actividad real. Además, en cuatro de las empresas investigadas, los agentes han hallado posibles vínculos con personas relacionadas con la Junta o con corporaciones locales, lo que, a su juicio, podría haberles facilitado el acceso a las ayudas.

La UDEF ha levantado el otro pilar de su investigación sobre los interrogatorios de los alumnos inscritos en los cursos y los profesores que los impartieron. Han tomado ya casi 300 declaraciones que, en muchos casos, confirmaron las sospechas de los agentes.

La Fiscalía cifra en 1.722.558 euros la suma concedida irregularmente a estas empresas. Pero la UDEF ya ha ampliado la investigación a la horquilla entre 2007 y 2011. Los agentes han descubierto que estas mismas entidades percibieron 7,1 millones de euros en ayudas otorgadas en Málaga y en otras provincias andaluzas, lo que ha llevado el 'caso Edu' al resto de la región. Las irregularidades, según las pesquisas, serían aún mayores en Almería y Granada.

La lista de posibles infracciones que maneja la policía, de confirmarse estos extremos, abarcaría el fraude en la obtención de subvenciones, estafa, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, malversación de caudales públicos y prevaricación.

La dimensiones del presunto fraude aún están por concretar, aunque se barruntan gigantescas a tenor de un informe de la Cámara de Cuentas, que ha dado lugar a la segunda de las investigaciones que se llevan en este momento en la Comunidad. La unidad de policía adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha elaborado un atestado a partir de las conclusiones del documento de fiscalización que ya obra en poder de la Fiscalía. Los agentes hablan de «manifiesto desorden» en la concesión de ayudas y una «ausencia de justificación» del gasto realizado.

En un decreto fechado el 24 de abril, el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, pone negro sobre blanco la magnitud del asunto. El representante del Ministerio Público agrupa en tres tipos las posibles irregularidades observadas por la policía: las de carácter administrativo, las contables y, dentro de éstas, las que tienen indicios de responsabilidad penal.

Una de las más llamativas es la que se refiere a la justificación de los gastos de los cursos. La legislación faculta a la Administración a exonerar a las empresas «cuando concurran circunstancias de especial interés social». Pero lo que era una excepción -dice el decreto- se convirtió en una práctica «generaliza o muy frecuente». El fiscal subraya que hay 297 millones en ayudas sin justificar -227 en 2010 y 70 en 2009- concedidas a 844 beneficiarios por la aplicación de este principio de exoneración.

La policía adscrita al TSJA halló partidas millonarias destinadas a agentes sociales que también han despertado sospechas. La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) obtuvo por esta vía casi 50 millones de euros -se abonó el 72%- de los que «sencillamente no existe documentación justificativa». Algo parecido ocurre con el plan formativo de los extrabajadores de Delphi, al que la Junta inyectó 52 millones, y que, a juicio de los agentes, presenta «numerosas irregularidades». La Fiscalía insta al SAE a reclamar el reintegro de estas cantidades, ya que el plazo prescribe a los cuatro años.

Con estas cifras en la mesa, varios mandos policiales se atreven a augurar que el 'caso Edu' y sus distintas ramificaciones podrían dejar en pañales al de los ERE que investiga la jueza Mercedes Alaya, que mantiene una pieza separada y secreta sobre cursos de formación que tiene en la diana a UGT, cuya sede en Sevilla fue registrada en diciembre.

En la actualidad se siguen otras cuatro causas sobre la misma materia en los tribunales andaluces. El más antiguo es el 'caso Natura', que instruye el juzgado número 4 de Algeciras. Las pesquisas comenzaron en agosto de 2012 a raíz de la denuncia de una docente contratada por la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente Natura para impartir un curso. Al darse cuenta de que no le habían dado de alta, se quejó en la empresa y, según su versión, le ofrecieron trabajar como autónoma y justificar el sueldo con facturas falsas por un importe cercano a los 4.000 euros.

Al parecer, tras esta asociación se encontraría un entramado de sociedades cuya cabeza más visible sería un exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda Avilés, cuyo nombre ha aparecido también en la investigación de la UDEF por unas subvenciones en Almería. Se calcula que el entramado societario con el que se vincula a Ojeda podría haber obtenido 50 millones de euros en ayudas dentro del programa 3.2.D y otros anteriores.

El juzgado número 2 de Granada tiene abierta otra causa por la denuncia de cuatro alumnos de un curso de administrativo contable para parados a los que supuestamente falsificaron sus firmas para que la empresa que lo impartió pudiera cobrar la subvención. Los otros dos casos se investigan en sendos juzgados de Sevilla. El más conocido lo instruye el titular del número 9, que indaga en una denuncia presentada por 'Manos Limpias' contra UGT-A por supuesto uso indebido de fondos para la formación.

Queda por aclarar si el fraude de los cursos se aglutinará en una sola macrocausa o se investigará por separado en cada juzgado. Se especula con que llegará a la Audiencia Nacional al abarcar a varias provincias andaluzas, o acabará en manos de Alaya, que ya dio un primer paso en ese sentido al ordenar a la Guardia Civil que recabara un listado de todas acciones formativas realizadas en Andalucía en los últimos años. Además, la jueza del 'caso Natura' ya se ha inhibido a favor de su colega sevillana después de que un informe de la Benemérita vinculara las dos causas. Algo parece seguro: la magnitud del asunto aconseja, como recogió en su decreto el fiscal superior del TSJA, una actuación «coordinada» de todas las fiscalías provinciales.