La Junta amenaza con multas de hasta dos millones de euros a los negocios de El Playazo en Nerja

La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente ha incoado un expediente sancionador contra los siete negocios existentes en la playa de El Playazo de Nerja por incumplir la vigente Ley de Costas, al considerar que «invaden el dominio público marítimo terrestre y su zona de servidumbre con usos no permitidos», según consta en las resoluciones a las que ha tenido acceso SUR.

En cada uno de los siete expedientes sancionadores, remitidos a cuatro chiringuitos, un kiosko de helados y dos varaderos, se recoge que esta infracción, tipificada como grave, es sancionable con multas de hasta 300.506,05 euros, lo que sumaría un total de 2.103.542,35 euros. Los titulares de estos establecimientos y los dueños de los terrenos sobre los que se asientan recibieron las notificaciones en los días previos a la Navidad, por lo que cuentan con un periodo de un mes para presentar alegaciones.

Así, varios de los propietarios consultados por este periódico han anunciado que ya han puesto el asunto en conocimiento de sus abogados, al tiempo que mostraron su malestar por la situación, ya que explicaron que ellos llevan más de veinte años operando en la zona «con normalidad» y sin que hubiesen recibido nunca ningún tipo de sanción por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

La Delegación Territorial de la Junta entiende que la existencia de estos negocios de hostelería y varaderos «pudiera ser constitutivos de una infracción de la normativa en materia de Costas, de acuerdo con la Ley 22/1988, en su redacción anterior a la Ley 2/2013 de Protección y Usos Sostenibles del Litoral. La inspección del entorno fue llevada a cabo el pasado 8 de mayo de 2013 por parte de agentes de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Málaga, según consta en la documentación.

Presentarán recursos

En el escrito, firmado por el delegado provincial, Javier Carnero, se ordena asimismo la «paralización inmediata» de la actividad. Sin embargo, los empresarios consultados por SUR dijeron que van a recurrir y que no tienen intención de cerrar. «Aquí hay chiringuitos que llevan más de 20 años, y que abrieron con permisos del Ayuntamiento», consideró Pepe Mesa. Antonio Crespillo, dueño de uno de los varaderos, dijo que es «una denuncia política» y que recurrirán.