La orden expulsará al fraile imputado en una red que planeaba raptar a niños

Mientras el procedimiento judicial sigue su curso, el fraile imputado por su supuesta implicación en una red que planeaba raptar a niños se enfrenta a un proceso interno de la comunidad religiosa. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios, a la que pertenece el sospechoso, ha iniciado los trámites para su expulsión, según confirmaron a SUR fuentes de la institución.

Tras conocer la detención y los hechos en los que se ha visto involucrado, la orden decidió apartarlo de todas sus funciones. El imputado, F. G. C., de 48 años, era «superior» de Málaga, es decir, responsable de la comunidad de hermanos en la provincia (hasta ahora eran cinco=.

Paralelamente, la institución religiosa abrió un procedimiento interno que se conoce como «instrucción canónica» para investigar las responsabilidades en las que el religioso haya podido incurrir. Según explicaron fuentes de esta comunidad católica, la idea es que el proceso concluya lo más rápido posible y que, a la vista de los hechos que se le imputan, desemboque en la expulsión del fraile. F. G. C. lleva más de 20 años en la orden, los tres últimos en el centro que ésta regenta en la Carretera de Casabermeja, en Málaga capital.

Fuentes de esta institución religiosa reiteraron su disposición a colaborar en la Justicia en todo lo que considere necesario. «Garantizamos que su supuesto comportamiento no ha afectado a su trabajo en el centro y es ajeno a la actividad que desarrollaba», asegura una portavoz de la orden.

'Operación Arkángel'

El fraile fue uno de los ocho arrestados en la 'operación Arkángel', dirigida por la policía contra una red que intercambiaba, además de material pedófilo a través de Internet, supuestas experiencias personales de abusos a niños. A los detenidos se les imputan, según los casos, presuntos delitos de proposición para el homicidio, agresión sexual o corrupción de menores, entre otros.

La investigación se inició hace más de un año cuando una persona alertó a los agentes de que había contactado a través de Internet con uno de los imputados, quien le había propuesto que formase parte de una trama en la que se compartía pornografía infantil y se hablaba de prácticas sexuales «aberrantes» con menores.

Los agentes lograron identificar a las personas que participaban en estas conductas y pincharon sus teléfonos. Las escuchas, que se prolongaron durante más de seis meses, revelaron entonces que, además de compartir archivos de contenido pedófilo, algunos de los acusados confesaban haber cometido abusos.

Pero las conversaciones que mantuvieron varios de los imputados iban aún más lejos. Según la policía, supuestamente planeaban secuestrar a niños y someterlos a prácticas sádicas. Llegaron a hablar de usar a menores en orgías o someterlos a encierros en condiciones infrahumanas.